Desde que el neoliberalismo ingresó al país en los 80, las derechas empresariales, económicas y políticas hablan, con insistencia, sobre la necesidad de la flexibilización laboral y “actualizar” el Código del Trabajo, pero no para beneficio de los trabajadores y fortalecer sus derechos, sino para que los dueños de las plazas laborales tengan mano de obra barata, más dócil y más explotable.
Por las malas políticas y la pandemia, miles de negocios cerraron sus puertas, empresas hubo que se declararon en quiebra y millares de trabajadores fueron despedidos y quedaron sin indemnizaciones, seguro social y salarios. Engrosaron el trabajo informal y los más pasaron a vivir en la extrema pobreza. En la actualidad, siete de cada diez personas carecen de trabajo; es decir; que este pobre país desperdicia el 70% de la fuerza laboral. Esta es una de las causas fundamentales de la pobreza y subdesarrollo permanente que caracterizan al Ecuador del siglo XXI. La situación en el campo es más grave con bajos precios de productos que impiden pagar salarios justos.
El historiador Juan Paz y Miño Cepeda sostiene “que las propuestas flexibilizadoras han revivido: abolir el principio pro-operario; sujetar el contrato individual a la voluntad y libertad de las partes; frenar el salario ‘demasiado alto’ que suponen tiene el país; revisar los límites a la jornada diaria y semanal; suprimir los recargos por horas extras y suplementarias; revisar descansos y vacaciones; superar contratos colectivos, sindicatos y huelgas; ‘privatizar’ la seguridad social; eliminar las indemnizaciones, el pago de utilidades, la jubilación patronal”.
Todo para los empleadores, muy poco para la mano de obra explotada y dos códigos del trabajo y trabajadores contratados con derechos violados.