La pandemia, principalmente en sus puntos más álgidos del 2020, terminó de desnudar los problemas más preocupantes del país: el mal manejo de la cosa pública y la desigualdad social. Desde hace más de un año, ha existido una serie de cambios sociales y políticos; tan solo hoy podemos concluir que un sistema político verdaderamente descentralizado, entendido desde la diversidad, pudo habernos ayudado a combatir de forma más eficiente la crisis sanitaria.
El Ecuador de inicios de la pandemia, debilitado y desarticulado, jamás hubiese podido afrontar una crisis de las proporciones vividas. De allí la importancia de empezar a replantearnos la forma en la que nos organizamos políticamente como sociedad, como un mecanismo ordenado, solidario y cooperador, para reducir las asimetrías propias del desarrollo, particularmente, las económicas, políticas y sociales.
Mucho se ha hablado del federalismo como un sistema que puede dar respuesta, no solo a la crisis sanitaria actual, sino también, a los más urgentes desafíos del siglo XXI. Sin embargo, la idea misma del federalismo se vuelve insuficiente, si no resolvemos la alta disparidad social de cantones, con números e índices abismalmente distintos a los de Guayaquil y Quito. Por tal motivo, es que se espera que los gobiernos locales adquieran mayor estabilidad político-institucional e intervengan directamente sus problemas sociales, creando rentas propias, valor público y menos dependencia del músculo político del gobierno central.
Desde esas carencias es que podemos empezar a trazar una nueva hoja de ruta, rebautizando nuestro derecho al desarrollo, reconstruyendo el tejido social y reforzando la idea del federalismo; no desde el desmembramiento territorial, sino más bien, desde la unidad en la diversidad y la autocrítica.