Los 76 muertos en febrero de 2021, parecían la cifra de la matanza penitenciaria de mayores y extraordinarias proporciones en el Ecuador, pero en estos días se produce otra reyerta que arroja un saldo de 116 muertos y 80 heridos.
La bomba de tiempo que marcaba el compás de espera, ha empezado a detonarse. No imaginamos la magnitud de lo que podía suceder, una vez que en los gobiernos inmediatamente pasados se ubicaron y acrecentaron cárteles delincuenciales internacionales, que hoy han hecho escenario en el Ecuador y luchan entre sí por la hegemonía.
Pensar que en las cárceles nacionales hay arsenales dignos de algún cuartel militar, con armas de alto calibre, granadas y más, habla a las claras no solamente de una crisis en la vida penitenciaria, cuanto de lo sitiada que está nuestra sociedad con la presencia de estos grupos delincuenciales y, desde luego, de lo corroído del sistema, que urgentemente tendrá que ser desmantelado, junto con otras medidas de mayor impacto para erradicar este poderoso mal.
A esta tragedia se suma una crisis política que se evidencia sonora y claramente en la Asamblea Nacional, donde cada vez se hace más difícil confiar en sus miembros, porque lo común es que, producto de las “venganzas” entre los propios asambleístas, se saquen “los cueros al sol”, o porque se les descubre cobrando “diezmos”, o porque en sus anteriores ocupaciones han estado glosados con indicios de responsabilidad penal, o porque los actos de su vida pública no les hacen merecedores de “representarnos” como “Padres de la Patria”.
El escenario es perverso, las condiciones y los actores que deberían legislar, de lo peor. En lugar de abrirse a las iniciativas en pos de la reactivación económica y social, priman los intereses políticos que buscan el sostenimiento de las distintas fuerzas políticas en juego.
Cabe preguntarnos si en arreglo inminente de las fatales circunstancias del país, ¿son necesarios los asambleístas en el número y posición que tienen? Sin ellos, ¿pierde algo el país?
El país, hoy más que nunca, requiere de la voluntad política de un gobierno que se ponga firme y tome medidas determinantemente drásticas, en las que no debería descartar aun la ayuda internacional para encausar con prontitud la vida de sus habitantes e instituciones.