Emilio Palacio
El otro día, cuando usted tomó la decisión de quitarle la visa a Alondra Santiago, se armó un despelote sobre libertad de expresión. Hubo tanta pasión en el debate que parecía que nos estábamos jugando nuestro futuro, cuando en realidad lo que se discutía era un asunto de menor importancia.
Lamentablemente el debate se quedó en los disparos verbales (con dardos envenenados, con pistola o incluso con metralleta), sin ir al fondo del asunto, que podríamos resumirlo en unas pocas cuestiones:
¿El derecho a la libertad de expresión protege a los extranjeros residentes?
Ninguna nación en todo el planeta le permite a los extranjeros residentes que vayan a las urnas para que elijan autoridades nacionales. Es lógico que así sea, porque si los ciudadanos de cualquier país eligen un mal gobierno, son ellos y sólo ellos los que pagarán las consecuencias. Los extranjeros, en cambio, siempre tienen la opción de regresarse a su país.
Con la libertad de expresión ocurre algo parecido, porque en última instancia todas las discusiones importantes nos conducen a lo mismo: ¿Quién debe manejar el gobierno?
Los países generosos y hospitalarios suelen hacer excepciones para permitirle a los extranjeros que hablen y escriban libremente sobre los destinos del país, incluso si por alguna razón nunca quisieron optar por pedir la ciudadanía. Pero en ese caso no estamos hablando de un derecho sino de un privilegio, que los extranjeros lo pueden perder si le faltan el respeto a los ciudadanos o al Estado, en cuyo caso el problema se resuelve con el sencillo procedimiento de anularles la visa por considerarlos indeseables.
¿La libertad de expresión incluye el derecho a dañar los símbolos de una nación?
En 1989 la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el acto de quemar la bandera está amparado por la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión.
En mi opinión fue uno de los mayores errores (de los pocos) que ha cometido el máximo tribunal norteamericano, porque quemar no es una forma de opinar sino de pasar a la acción. Cualquier ciudadano tiene el derecho a escribir o decir que su país es una porquería y que sus conciudadanos son una bosta, si así le parece, pero eso no le da derecho a pasar a la acción, quemando la bandera o usando el himno para hacer payasadas, porque esos símbolos no representan a unos ciudadanos sino a todos.
Menos aun lo podría hacer un extranjero que está de visita.
¿Los gobiernos tienen que explicar los motivos cuando anulan la visa de un extranjero?
Recientemente el gobierno de Estados Unidos le quito la visa a varios jueces y generales. Los afectados exigieron que les digan las razones, pero Estados Unidos contestó: “Nosotros nunca explicamos las razones por las que concedemos o no concedemos el privilegio de venir a nuestra Nación”. Aun así la gran mayoría de los ecuatorianos aplaudió la conducta de los norteamericanos, especulando que podría tratarse de funcionarios vinculados a la corrupción.
Por supuesto que si se tratase de un extranjero que no le faltó el respeto a nadie y se limitó a participar en los asuntos políticos de la manera más ponderada posible, no sería ético quitarle la visa. Pero eso no cambia las cosas. Los gobiernos no están obligados a dar explicaciones a nadie, porque si lo hacen con un caso tendrán que hacerlo con todos, y porque a veces esos extranjeros vienen de países con gobiernos repugnantes, pero con los cuales el Ecuador está obligado a mantener relaciones diplomáticas.