Rodrigo Santillán Peralbo
Suele afirmarse que los procesos electorales caracterizan y configuran la democracia porque, en teoría, el pueblo ejerce el derecho a elegir y ser elegido, así sea víctima de la demagogia practicada por candidatos carentes de conciencia social, ideología definida o conocimientos suficientes para desempeñar, con eficacia y probidad, las funciones para las que se candidatizó.
En las elecciones que se realizarán el 5 de febrero de 2023 serán designados 23 prefectos, 23 viceprefectos, 221 alcaldes, concejales urbanos, concejales rurales y vocales principales de las juntas parroquiales, pero nadie podría asegurar que serán elegidos los mejores ciudadanos entre hombres y mujeres, quienes acrediten pulcritud en sus actos, honestidad y honradez en sus vidas y clara definición política.
Esta democracia que soporta y vive el país reconoce la vigencia de derechos humanos fundamentales, pero niega el derecho a la igualdad al amparar y proteger a las “clases superiores” que acumulan riqueza mientras las grandes mayorías sobreviven en condiciones de pobreza-miseria, pero en los procesos electorales los votos tienen igual valor al no diferenciar las clases socio-económicas-políticas.
Terminadas las elecciones los profundos y graves problemas socio-económicos permanecen irresolutos sin importar quienes resulten triunfadores. Naturalmente que se afirma que en este tipo de democracias se respetan todos los derechos, pero no se satisfacen los derechos a alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo, por lo tanto, es indispensable profundizar la democracia para que la igualdad y justicia social dejen de ser mitos.
El ejercicio del derecho al voto debería profundizar la democracia para concretar la soberanía popular en igualdad de condiciones para todos.