El 16 de diciembre de 2021 se creó la ‘Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación’. El 22 de abril de este año, renunció su presidenta Nelsa Curbelo. En el informe presentado, denuncia un sistema de corrupción, venta de favores, extorsión, venta de protección, en que estarían involucrados policías, militares y funcionarios del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI); y que, por más de diez años, el Estado ha sido el gran ausente en el sistema de rehabilitación social. El sacerdote Luis Barrios, declaró que “el problema más grande que tiene Ecuador es el silencio». Se podría añadir la desmemoria e indiferencia.
La gravísima denuncia sobre la existencia de narcogenerales y narcojueces ha quedado en eso y no se ha informado las medidas tomadas para sanear a las instituciones y señalar a los culpables. En el caso de las cárceles no se comunica qué se está haciendo para desmantelar las redes de corrupción, quiénes las conformaban y cuáles son los resultados.
Cambiaron los mandos, se anunció operativos de limpieza de armas, identificación y traslado de líderes, un barrido y un censo carcelario, etc. Pero, a día seguido, nuevamente, el país y el mundo observan horrorizados la masacre espeluznante producida en Santo Domingo. Lo peor, el expresidente Correa denuncia: “Las fotos de la masacre en cárceles de Santo Domingo no las he visto ni en los peores etnocidios de algún estado fallido. La oligarquía y sus medios asustaron a los votantes para que voten por Lasso. Hoy estamos convertidos en tierra de nadie”. Sin embargo, Nelsa Curbelo refirió que el problema viene de hace 10 años. De esta década de gestación del problema carcelario, nueve años son atribuibles a los dos gobernantes anteriores; al denunciante, la mitad del período señalado.
Y lo peor, ante el evidente fracaso, todos se culpan entre ellos en lugar de asumir sus responsabilidades y comenzar a trabajar juntos —en operaciones interagenciales, como sucede en el resto del mundo—, sin buscar protagonismos personales o institucionales. Eso es lo que se requiere para cumplir los objetivos que el Ecuador entero exige en temas de seguridad y, particularmente, en el caso del sistema carcelario.