José Alvear
Se convirtió en el tema de moda. ¡Armas para todos! Pero, ¿la calentura está en las sábanas? Muchos creen que el porte o tenencia de armas para los ciudadanos (que no son lo mismo) son la solución para la inseguridad. Es lamentable ver como Ecuador dejó atrás la imagen de la isla de paz —que nos caracterizó durante años— y pasó a engrosar la lista de países violentos de la región y del mundo.
En el primer semestre del año, según los registros de la Policía Nacional, se dieron 2.000 homicidios, de los cuales el 73% se perpetró con armas de fuego. Estos datos siguen incrementándose. No son solo estadísticas; detrás de cada número hay familias, muerte, tragedia, huérfanos y madres que pierden a sus hijos.
Las armas cada vez son más sofisticadas. Muchas ingresan a través de las fronteras permeables e inseguras del país, tomadas, en gran parte, por bandas criminales ligadas al narcotráfico.
Los gobernantes de turno y la casta política que está en el poder nos distraen de lo verdaderamente importante con ofertas demagógicas y populistas como el libre y descontrolado porte y tenencia de armas, que, siendo honestos, no prosperará. Sin embargo, ellos saben lo que queremos escuchar y lo dicen para captar seguidores y simpatizantes. Quieren que caigamos en la trampa; nos manipulan, como aquel narcisista que te hace sentir que dependes de él, cuando en realidad es él quien depende de ti. ¡No nos dejemos engañar!
No se trata solo de criticar. Una alternativa es la derogatoria del decreto 749 establecido en el año 2011 con el que se creó el Consejo Sectorial de Seguridad, y dio paso a más entes burocráticos que no lograron su cometido con éxito. La Asamblea Nacional es otro de los organismos que debe trabajar en todo lo que necesita el país dejando de lado normativas como la ley del uso progresivo de la fuerza, que es un “saludo a la bandera“. No sirve para atacar los problemas del país. Es necesario además reformar la ley de fabricación y tenencia de armas, asignando la competencia directa al Ministerio de Defensa y sus coordinaciones zonales. Con esto, a través de un reglamento claro, se podría dotar de más armas a la Policía Nacional, la entidad encargada de cuidar a los ciudadanos de los delincuentes. Estas acciones son urgentes y deben ir de acuerdo a los índices de criminalidad o población.
La Policía debe estar siempre autorizada a utilizar la fuerza en el contexto del control del orden público, la protección interna y seguridad ciudadana, bajo circunstancias como la legítima defensa.
Finalmente, si le damos respaldo jurídico a la Policía, le asignamos el presupuesto adecuado, le equipamos y capacitamos, no necesitaremos armar a los ciudadanos como en el Viejo Oeste y nos daremos cuenta de que la calentura no está en la sábanas.