Un contralor y un defensor del pueblo que despachan desde la cárcel, un expresidente que se libra de una acción judicial y un alcalde que se sostiene como puede, pese a estar todos ellos involucrados en casos graves de corrupción en su contra. Aunque usted no lo crea, diría Ripley y el fallecido excanciller Barrera no lo habría escrito en su libro.
Pablo Celi buscó, por todos los medios, defenderse libre, gracias a presiones de partidarios de su causa (expresidentes, exvicepresidentes, jueces, personajes políticos y privados favorecidos en algún momento por este contralor) que generaron la reacción de la fiscal. Con la renuncia de la contralora subrogante del subrogante (que subrogó al prófugo Pólit) -un trabalenguas- no se sabe qué pasa en la Contraloría. Y las glosas desvanecidas, ¿se quemaron en el incendio de octubre de 2019?
Un defensor del pueblo que se arroga funciones y sigue mandando desde la cárcel 4 -¿será vecino de celda de Celi?- y destituye a la defensora encargada. En este caso es un funcionario sinvergüenza que se aferra al cargo tras el despelote, acoso sexual, pachanga y bronca, en tiempos de restricción y toque de queda, con su “amigo/enemigo” (un impresentable exministro de Salud). Pero Carrión y Celi siguen solicitando licencias y vacaciones para seguir “mamando la teta”. ¿Será posible tanto cinismo?
Abdalá Bucaram podrá ser un exmandatario del país, pero sus conductas, desde cuando era presidente (por corto tiempo, por el rechazo del pueblo), hasta su regreso tras vivir fugado veinte años en Panamá, dejan dudas. Y resulta que una jueza declaró una sospechosa nulidad de lo actuado en el caso por delincuencia organizada contra Bucaram Ortiz y la causa vuelve a etapa de investigación previa (al inicio). Además del “loco que ama”, la Fiscalía investiga a siete personas, entre ellas su hijo Jacobo.
Si lo anterior no basta, agarrado al cargo y quemando tiempo sigue el alcalde de Quito, Jorge Yunda, llevando al municipio capitalino a un estado de anarquía. No le sirvió su recurso ante el contencioso electoral y ahora compareció ante un juzgado de familia (¿tiene algo que ver con su caso?) con una acción de protección. Según el impresentable alcalde, porque “sus derechos constitucionales fueron afectados”.
¿Cómo es posible que semejantes sujetos sigan queriendo salirse con la suya? ¿Aún no se inaugura la justicia, como se quejaba en su inauguración Guillermo Lasso? No es posible que los ciudadanos les sigan pagando el sueldo y la pensión vitalicia a estos bribones.