El mundo del siglo XXI

Paco Moncayo Gallegos

Terminada la guerra mal calificada como ‘fría’, que ocasionó enorme sufrimiento a la mayoría de los pueblos, especialmente en los países denominados como del ‘Tercer Mundo’, la humanidad saludó esperanzada el advenimiento del nuevo siglo. Celebró los fantásticos logros de la ciencia y la tecnología y se ilusionó con el advenimiento de una época que esperaba fuese de paz, bienestar y progreso general. No faltó, sin embargo, la advertencia de quienes pronosticaron guerras multiplicadas por guerras, y el peligro de un nuevo medioevo en contextos de alta tecnología de enorme espectacularidad. El crecimiento imparable actual del crimen organizado parece darles la razón.

En efecto, en lo que va del siglo XXI, la criminalidad no ha parado de crecer. El volumen de sus transacciones supera los 2,2 billones de dólares norteamericanos por año, según informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen (ONUDC), que refiere también como 22 millones de personas consumieron cocaína solamente en el año 2021, lapso en que la producción alcanzó la cifra récord de 2.304 toneladas. A ritmo similar se ha incrementado la producción y uso de drogas sintéticas, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas ilícitas y varios delitos ambientales. Un cuadro aterrador.

Ante esta realidad, el riesgo mayor corresponde a aquellos países con más vulnerabilidades: Estados con gobiernos débiles, democracias frágiles, poco inclusivas y transparentes; sociedades agobiadas por la pobreza, la injusticia y falta de oportunidades; territorios sin presencia efectiva del poder público; sistemas electorales deficientes que facilitan el financiamiento de partidos y otros actores políticos por estructuras criminales; y, respuestas gubernamentales de corto plazo, coyunturales u oportunistas que no se enfocan en lo esencial de la estructura del poder criminal.

Debido a lo anterior, es importante para el pueblo ecuatoriano exigir de los actuales candidatos propuestas técnicamente fundamentadas y su compromiso de enfocar los planes y acciones en el campo de la seguridad como políticas de Estado que deben aplicarse sostenidamente en el corto, mediano y largo plazo. Sin dilación.