Desde el gobierno siguen comentando con alegría todos los supuestos logros del plan de vacunación en el país. Asombra el nivel de cinismo o desconocimiento que el Ejecutivo tiene sobre el mismo, pues el plan es un desastre y los escándalos y falta de transparencia sugerirían más prudencia y humildad sobre el desarrollo del mismo.
El oficialismo insiste en que el plan sigue sin novedades, pero desde la realidad debemos señalar que el plan es un redondo fracaso.
El fracaso empezó con la vacunación de los privilegiados que se saltaron la fila y siguió manchado por las suspicacias avanzadas, inclusive denunciadas, por algunos funcionarios del Ministerio de Salud indicando que hubo presiones sobre la administración de las dosis que llegaban al país.
Si a esto añadimos el maltrato que se dio a los adultos mayores, quienes se enfrentaron al sol, lluvia y largas colas antes de recibir su primera dosis, queda claro que lo único histórico que tenemos con respecto a la vacunación ha sido la monumental ineficiencia del manejo de la pandemia.
El Estado ha demostrado su peor cara y en el país han triunfado los antivalores como la discriminación y prevaricación de los VIP hacia los más débiles. En Ecuador la ley no es igual para todos y dominan los favores y los privilegios antes que los derechos; lo que más duele es que a la gente ya ni siquiera le importa.
La mala vacunación es el digno -o mejor dicho, indigno- reflejo de estos cuatro años de desgobierno que solo ha cuidado de los suyos y de los sectores más cercanos al poder. Se despreocupó a la mayoría de la población que hoy no solamente lucha para tener una vacuna, sino también para sobrevivir a la hora de enfermarse, pues no hay puestos en los hospitales y el país no cuenta con los insumos más elementales para enfrentar la pandemia.
El último escándalo que muestra cómo se finge vacunación a un ciudadano es una raya más al tigre, pues habrá más escándalos. El mensaje es que, a pesar de todo, no pasa nada y que de todas maneras hay dos justicias en el país: una que persigue a los ciudadanos de serie B y otra que deja impunes a los ciudadanos VIP.