Por Italo Sotomayor Medina.
Desempolve su Constitución y ubique el artículo 207. ¿Listo? Empecemos. Según ese artículo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tiene como misión promover el control de los asuntos de interés público, así como la designación de autoridades por concurso de méritos y oposición. Si se quedó con curiosidad, siga con el 208 y empápese de los deberes y atribuciones del Consejo; seguro le llamará la atención aquello de que debe estimular la deliberación pública, luchar contra la corrupción y establecer mecanismos de rendición de cuentas. Linda la verborrea de la década pasada, ¿no cree?
Como la Constitución fue redactada para una sociedad ideal, que respeta la institucionalidad y que cuenta con autoridades de gran madurez política, nada de eso es posible materializarlo en la realidad nacional. Tan solo recuerde por un segundo lo sucedido hace unos días: fuerte cordón policial a las afueras del edificio del CPCCS, consejeros autoconvocados en complicidad y voz baja, resolviendo cesar a su presidenta y vicepresidente; seguramente, con fines políticos y no institucionales. Piense ahora en la imagen del “flamante” nuevo presidente a punto de sentarse, mientras le hacen una “limpia” improvisada a la silla de la presidenta saliente que, según decían quienes lo acompañaban en ese momento, estaba fría y emanaba una “rara energía”. ¡Qué belleza!
Después de este circo, ¿acaso alguien puede respetar al menos un poco al CPCCS? Si antes se movía al antojo del correísmo y luego fue fundamental para los inicios del morenismo, es sencillo sospechar que el Consejo, al menos hasta que se resuelva su desaparición, parecería serle útil a la administración actual. Vaya mire usted la rapidez con la que actuó el Ejecutivo para reconocer a Ulloa como nuevo presidente. Mientras tanto, al menos 10 designaciones de autoridades se mantienen en suspenso y con futuro incierto; entre ellas, la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado. Pero, ¿que más da? Acá lo importante es asegurar a toda costa el poder y —¿por qué no?— volver a la designación a dedo de las principales autoridades del país. Al final del día, con Correa, Moreno o Lasso, la crisis institucional está garantizada.