Los inversores institucionales están abrazando cada vez más los esfuerzos necesarios para reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) para 2050. Los pasos que se den en esta década serán decisivos para alcanzar las metas a mediados de siglo. Sin embargo, los fondos soberanos de inversión (FSI) —que administran unos USD 10 billones— están notoriamente ausentes de estas iniciativas, aun cuando algunos son propiedad de gobiernos que adoptaron objetivos climáticos ambiciosos.
Según los acuerdos internacionales existentes, las emisiones de GEI se miden por países. Esto subestima el potencial impacto climático de los países con grandes tenencias de activos extranjeros. Por ejemplo, las tenencias totales de activos de los FSI noruegos triplican el tamaño de la economía de Noruega y las emisiones de dióxido de carbono vinculadas con su cartera de acciones duplican aproximadamente las emisiones totales del país.
Cuando un gobierno no vincula a sus FSI con esta meta, adopta un comportamiento parasitario respecto de la creciente porción del sector financiero privado que ya está tomando medidas ecológicas. Además, tiene poco sentido que los gobiernos que procuran ser coherentes en sus compromisos climáticos separen las emisiones de las carteras de sus FSI de sus objetivos climáticos generales.
La transición hacia una economía con bajas emisiones de dióxido de carbono representa la mayor oportunidad de inversión en décadas. Para pasar del «marrón» al «verde» serán necesarios cambios a una escala similar a la de la revolución industrial. Quienes creen nuevos mercados o ingresen primero a ellos tienen la posibilidad de cosechar rendimientos gigantescos.
La mayoría de los FSI fueron creados como vehículos de ahorro para la generaciones futuras, sería lógico que esos fondos contribuyan a conservar el clima del que dependerán esa generaciones.
Traducción al español por Ant-Translation
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