Algo sorprendente ocurrió. La Corte Constitucional procedió como la ley manda al dar su fallo en Derecho, sobre el artículo 422 de la Constitución de la República, que dice: “No se podrá celebrar contratos o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”.
El doctor Pablo Villagómez dice: “La norma tiene prohibición expresa de preservar y defender un interés legitimo (…) salvaguardar un bien jurídico superior como es la soberanía del pueblo y los derechos que derivan de esta potestad (…) es autónoma y no necesita de otro tipo de normas como condición de su eficacia jurídica”.
El jurista enfatiza en que la norma no necesita interpretación, pero en la audacia política y los intereses económicos no hay límite. Posiblemente confiaban en que el sistema de justicia, percibido como de poca confianza por los ciudadanos por su accionar, podía aceptar oscuras intenciones.
Parece que la intervención lateral de la Embajada Norteamericana sobre funcionarios judiciales puso en alarma al sistema; si ellos no decían nada, aquí la ley seguía retorcida a conveniencia y los magistrados como si nada.
Este fallo es una ligera reacción hacia el respeto a la juridicidad, pero en general en el ámbito de las litigaciones se evidencia falta de ética, desconocimiento normativo y mucha ‘viveza’; parcialmente hay responsabilidad de las universidades y la calidad de estudiantes. Individuos de buen verbo, poco contenido, pero con contacto político, son los dueños de la justicia. Por lo tanto, no hay resultados en derecho y prima la impunidad.
Esperar soluciones justas de quienes no conocen lo ético, desconocen la filosofía del derecho y no consumen información de connotados tratadistas internacionales es imposible. Salvando las excepciones de profesionales íntegros e incorruptibles y de amplio conocimiento, que los hay, la mayoría perviven sobre la base de memorizar y recitar fluidamente leyes, pero sin mayor comprensión del significado; sin filosofía ni ética, ofrecen un abrumador panorama. Letrados especializados en tributación, comercio, internacionales, etc. son excepciones; los litigantes, como muchos jueces, están para servirse y no para servir. Justifica el desborde delincuencial en todo nivel.