Dictadura

Francisco Escandón Guevara

La crisis política continúa y se profundiza. El desarrollo del juicio, que podía censurar al presidente Guillermo Lasso, fue obstruido por el decreto presidencial de ‘muerte cruzada’ que disolvió la Asamblea Nacional y lo facultó a gobernar, hasta seis meses, sin oposición institucional alguna.

La amenaza de una mayoría calificada de 92 votos necesarios para su destitución fue el detonante. Esa maniobra salvó el pellejo del Presidente y lo envolvió en un manto de impunidad que no es equivalente a inocencia, pues aún está en pie su responsabilidad política en los actos de corrupción en Flopec.

La muerte cruzada provoca un júbilo generalizado en el pueblo, pero no es menos cierto que es una peligrosa apuesta que hace el Gobierno para imponer en corto tiempo, aceleradamente, su agenda neoliberal fracasada.

Enseguida de la cesación de la Asamblea ya se anunciaron al menos cinco decretos-ley que buscan precarizar el trabajo, privatizar las empresas estratégicas, flexibilizar la contratación pública y liberalizar el comercio. Ese es el verdadero interés encubierto detrás de la muerte cruzada: enriquecer más a los millonarios a costa de mermar derechos de las mayorías.

Cierto es que la disolución del Parlamento es un mecanismo para resolver la crisis política, en tanto cumpla determinadas justificaciones, pero este decreto de ‘muerte cruzada’ es inconstitucional porque es inexistente la conmoción interna invocada por Lasso. A la Corte le compete dictaminar con celeridad y oportunidad la constitucionalidad del acto; de inclinarse por el oficialismo estaría legitimando una dictadura.

No se trata de defender a la Asamblea. Lo que importa son los intereses del pueblo y los del país, que están amenazados por un Gobierno que se cree plenipotenciario. La anunciada represión policial y militar no doblegará la resistencia y la unidad popular. ¡Fuera Lasso Ya!

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@PanchoEscandon