Hay que reconocer la voluntad y el compromiso político del gobierno para reducir la prevalencia de la desnutrición infantil y mantener dicho trabajo como prioridad. Ante este compromiso, hay que ser realistas: el problema es grave, su solución es compleja y demanda considerables recursos. Estamos hablando de entre 300 y 500 millones de dólares anuales.
Varias propuestas del gobierno han sido presentadas para financiar este trabajo: un fondo de sostenibilidad petrolera, un fideicomiso con los recursos de la venta de activos improductivos del Estado y, muy recientemente, la venta del Banco del Pacífico. El financiamiento es esencial y hay que diseñar mecanismos técnicos que lo hagan posible.
Sin embargo, hay que ser cuidadosos. En primer lugar, la lucha contra la desnutrición infantil requiere de recursos permanentes y por eso, tuvo que haber sido un tema central en el marco de la última reforma tributaria. La continuidad de la estrategia como política de Estado tambalea si solo depende de elementos como un commodity tan volátil como el petróleo o de ventas específicas.
En segundo lugar, un tema tan sensible no debería utilizarse como escudo en decisiones políticamente polémicas. Las prioridades no se condicionan y si la lucha contra la desnutrición es de las más altas prioridades, los recursos se aseguran, incluso a pesar del contexto de crisis; así como sucedió con la vacunación, para la cual se destinaron más de 500 millones de dólares y cuyo financiamiento fue requisito indispensable para su éxito.
Que el gran ímpetu que tiene el gobierno para trabajar contra la desnutrición infantil se mantenga en una línea técnica, informada y seria; sin politizar ni contaminar el tema. Solo así se podrá construir un trabajo sólido que genere resultados y mantenga la confianza del país para seguir sumando esfuerzos a esta causa.