Por diferentes razones toma cuerpo la desesperanza en el gobernante, quien, en el proceso electoral de 2021, se vio rodeado de expresivos carteles de que “Lasso es nuestro líder”. Quince meses después de ejercer el poder transmite dubitaciones y desconexión con la ciudadanía que confió en él.
Sin operadores políticos eficientes para conectarse con la opositora Asamblea Nacional, el gobernante ha visto hacer agua la necesaria normatividad para atraer inversión productiva, generar empleo y bienestar ciudadano. En los últimos días son visibles eventuales relaciones con los truculentos que gobernaron entre 2007 y 2017. Mantiene la estructura del servicio público heredada, erigida clientelarmente, que sustituyó a presionados funcionarios con “renuncias voluntarias” y obligaciones jubilares, a quienes todavía se deben los prometidos beneficios complementarios.
Los oferentes establecieron incondicionales que estarían bloqueando iniciativas de mejorar el servicio público y al Estado. La estructura del IESS es un ejemplo. Pese a conocer las razones de la crisis institucional, no se corrige uno de sus mayores problemas, como el tener endosado prestaciones médicas a las cargas familiares de los afiliados sin el correspondiente financiamiento. Es oneroso el subsidio que pagan todos los aportantes.
El gobernante supo, desde el inicio, que tendría desafección legislativa, que ha crecido por experticia comercializadora de votos en el escenario que carece de ideologías, donde priman intereses particulares y ansiedad por establecer impunidad delincuencial, demostrada en la amnistía a vándalos y en sistemáticos esfuerzos para controlar las entidades encargadas de administrar justicia y organismos de control.
No solo eso, busca gazapos para destituir al mandatario, pero el mayoritario grupo de la operación conspiradora ha fallado por inusitadas posiciones de parte de sus aliados que muestran unidad para rechazar iniciativas legislativas favorables a la inversión y empleo.
El Gobierno no lee que sus adversarios repulsan la ética política, proponer iniciativas legislativas favorables al desarrollo económico y social, pero concentrados en fiscalizar funcionarios, uno de los cuales aseveró que “ojalá atrás de este juicio político no estén las grandes estructuras del crimen organizado”, como conjeturó el Ministro del Interior a una revista nacional.
La mayoría parlamentaria opositora tiene una clara hoja de ruta trazada para que fracase el Gobierno, detener la recuperación económica y social de Ecuador. Mostró la combinación de acciones con la denominada movilización indígena para desplazar al gobernante, pero como falló promovieron “mesas de diálogo” para obtener más subsidios, adicionar succiones a la caja fiscal, a los contribuyentes, relativizando prioridades de inversión y empleo.
Últimas acciones mostrarían que el Gobierno desea sobrevivir a cualquier precio. ¿Qué significa la designación de una visible correísta como gobernadora de Los Ríos, como el gerente de Petroecuador?
Tal, aparente, sinuosa escalada no solo exhibe el Gobierno. Cursa en el Consejo de Participación Ciudadana una terna para nombrar presidente del Consejo de la Judicatura, encabezada por otro fervoroso personaje correísta. Son abonos, a los desencantos políticos ciudadanos.