El trágico fallecimiento del ingeniero José Agusto Briones, recluido en una cárcel, deja una serie de incógnitas que esperamos que sean resueltas en un tiempo cercano. Sin embargo, pone también sobre el tapete de la discusión el exagerado uso de la prisión preventiva, que vulnera el principio de presunción de inocencia y de que nadie es culpable hasta que sea declarado así por los jueces competentes.
Hace muchos años, décadas, elaboré mi tesis de grado sobre el derecho penal. Escribí un trabajo denominado “La pena de muerte, consideraciones sobre su no aplicación en la legislación penal ecuatoriana”. Estudié, leí mucho, investigué, visité bibliotecas públicas y privadas, consulté a profesores; me explayé en los análisis históricos y me remití a casos famosos, inclusive recogidos por la literatura, en los que, luego de haber sido ejecutados los reos, se descubría que eran inocentes. No podía sino oponerme con fuerza a la denominada pena capital, basada en la preocupación de que pudiera matarse a un inocente.
Por ello, cada vez que se habla de instaurar la pena de muerte en un país me opongo y de una manera razonada, al conocer la falibilidad de los jueces y los errores que pueden cometerse tanto de buena como de mala fe.
Pero también me preocupa, y este caso del amigo ausente ratifica esa preocupación, la angustia y el dolor que surgen cuando se toman decisiones que atentan contra la libertad de las personas, agravadas por el eco mediático. También me preocupa la discrecionalidad que hace que a unos acusados se les apliquen medidas cautelares sustitutivas como prisión domiciliaria, el uso de grilletes o la prohibición de ausentarse del país.
La temática es delicada. Amerita análisis de cada caso, ponderación de las medidas y cuidado de los bienes y los recursos públicos, pero también de la vida, incluida la de las personas examinadas por la justicia y que han perdido su libertad.