Daniel Márquez Soares
Esperar que la Corte Constitucional regule la organización de una futura Asamblea Constituyente es tan absurdo como creer que el Comité Central del Partido Comunista podría dirigir un proceso de eliminación del comunismo.
Los guardianes supremos del sistema jamás permitirán que se atente contra este. Solucionar los problemas más apremiantes del país —régimen laboral, seguridad social, inversión privada para sectores estratégicos, represión del crimen, gasto público— requiere inevitablemente una “regresión” o eliminación de derechos, y el abandono de acuerdos internacionales que debilitan la soberanía y truncan la libertad de maniobra del Estado. Los ayatolás de la Corte Constitucional jamás lo permitirán.
Por eso, la Asamblea Constituyente no surgirá de someterse a los mecanismos establecidos en Montecristi. Se necesita la “situación revolucionaria” de la que habla la teoría constitucional para romper completamente con el orden actual y crear un nuevo Estado —enfocado en crecimiento económico, libertades individuales y pacificación a ultranza— que no tenga en común con el Ecuador actual más que el nombre.
Para llegar a ello, es necesario que el presidente Daniel Noboa aproveche la popularidad y el clima de esperanza que reinan en este momento para agudizar las contradicciones con el orden constitucional actual y sus representantes. Hay que llegar a un punto en que la gestión del Estado, según las normas establecidas, se torne absolutamente inviable. Solo eso le permitirá al mandatario romper los obstáculos que la clase política y burocrática heredadas de Montecristi le impondrán a la Asamblea Constituyente, y tomar el control del proceso.
El mundo está cambiando aceleradamente. Se viene un naufragio y Ecuador tiene una Constitución que, para nadar, resulta como zapatos de plomo. Necesitamos deshacernos de ella para poder sobrevivir y prosperar en el nuevo sistema global —multipolar, hostil y convulsionado— que se avecina.