Pasamos de contar los muertos de la pandemia, a contar los muertos de las cárceles. Lo primero obtuvo una respuesta eficaz del gobierno mediante su plan de vacunación; lo segundo, tan solo inoperancia e indiferencia. Hoy, el presidente Guillermo Lasso carga sobre su espalda una maleta muy pesada: casi 300 reos muertos en su primer año en Carondelet.
Sea en Guayaquil, Cuenca o Santo Domingo, la sangre sigue corriendo en los pabellones, en medio de una guerra entre bandas que no da tregua y no encuentra freno en el poder estatal que, además de débil, es ineficiente. Si bien es cierto que, tal como el gobierno se ha encargado permanentemente de recordarnos, la crisis carcelaria es un problema heredado de las presidencias pasadas, es evidente que el argumento de “la culpa es de Correa”, perdió vigencia y sentido. Lo que se requiere ahora es que el problema sea atendido y entendido integralmente, con menos excusas y sinsentidos. Para la defensa de la vida, incluso la de los privados de libertad, no hace falta más politiquería.
Una historia aparte es la de las Fuerzas Armadas y la Policía, a quienes con sobradas razones, la ciudadanía observa con recelo. Mal haríamos en estigmatizar a todos sus miembros, pues, muchos están dispuestos a dar su vida por nuestra seguridad en el cumplimiento de su deber; sin embargo, existen hechos que no pueden justificarse, sino desde la sospecha. La facilidad con la que operan las mafias y el narcotráfico, incluso desde las cárceles, no puede ser posible ni puede ser tan gratuita, ¿no le parece? Lasso lo sabe y he llegado a pensar que en esa tarea se encuentra muy solo y desconfiado. De otro modo, ¿a qué se deben los frecuentes cambios en las cúpulas y en los liderazgos en los órganos de defensa del Estado?
Que los 34 reos muertos del 21 de julio de 2021, los 119 del 29 de septiembre de 2021, los 68 del 13 de noviembre de 2021, los 20 del 4 de abril de 2022 y los 44 de la última revuelta del 9 de mayo pasado sirvan de testimonio para poner en evidencia que el Estado y su poder no existen en las cárceles del país. Entonces, ¿quién es el “fallido”? ¿El Estado o el gobierno? Juzgue usted, estimado lector.
@ItaloSotomayor