La falta de bienestar y crecimiento sostenible en educación, economía, seguridad y cultura estremece la realidad del país. Honestos y valientes ciudadanos van descubriendo día a día como el autoritarismo dejó debilitados los cimientos de la sociedad, a través del manejo abusivo del poder por quienes, sintiéndose dueños de la verdad, secuestraron la democracia. No queda ninguna duda para desmentir el manejo ilegal e ilegítimo del autoritarismo.
El populismo revolucionario simuló la participación de mayorías y minorías en el manejo de la cosa pública; los partidos políticos absolutistas y dueños de la verdad han generado una ideología de agitadores inicuos acostumbrados a tomarse el poder por asalto. El egocentrismo, el narcisismo y la perversión anularon las posibilidades de crecimiento y desarrollo del país que exigía una mayor participación política y democrática del pueblo. Es verdad que ha regresado el diálogo, la comunicación y la participación, pero se requiere con urgencia una consulta popular que permita a la ciudadanía retomar el control de su destino.
Para replantear la democracia se requiere de menos delegaciones y más democracia directa y participativa; cambios profundos en las leyes electorales; reparto de escaños proporcional a los votos realmente emitidos y equitativamente asignados; control de aptitudes de todos los cargos de elección popular; revisión de planes, programas y proyectos realizables y escarmientos para quienes hayan engañado al electorado; mayor control de ingresos y gastos que permita descubrir la corrupción en cualquiera de sus formas; que los políticos tengan méritos como cualquier profesional y no como casta de dirigentes. El sistema de elección parlamentario no debería ser un privilegio para ninguna mayoría.
Las instituciones públicas deben recuperar la capacidad de dirigir las demandas de la población con personas preparadas y no con políticos mediocres que llegan a través de movimientos o partidos políticos de alquiler. La crisis social, política y económica del país requiere de acciones urgentes de parte del poder constituido, sin miedo ni temor a la capacidad de gobernar para reescribir la historia del país.