¡Con cuentagotas!

En la planificación y diseño de escenarios, se considera la existencia de tendencias pesadas; esto es comportamientos nacionales con capacidad de reproducirse sin pausa, excepto que un hecho de ruptura logre desviarlos hacia una trayectoria positiva.

Ecuador presenta varias tendencias pesadas: el regionalismo, el caudillismo y el patrimonialismo. En el último caso, la práctica de convertir el aparato del Estado en un botín. Los cargos de libre remoción o no y otros que se crean sin necesidad, se los reparte entre partidarios, socios, parientes y amigos sin ningún decoro. Por esto, causa indignación, pero no sorpresa, las irregularidades denunciadas en la administración de las vacunas contra el Covid-19.

Esta tragedia desnuda la realidad de la humanidad dividida entre países del primer, segundo y tercer mundos. Canadá tiene garantizada la entrega de 358 millones de dosis para 38 millones de habitantes; una relación de 9,4 por persona, frente a Colombia, que llega a 0,3. Aún con todo lo invertido, la Unión Europea anuncia acciones legales contra Pfizer y AstraZeneca por incumplimiento en la entrega de vacunas conforme al contrato. Esto permite suponer que países pobres deberán esperar al último de la fila.

Agrava esta realidad el juego geopolítico y la descalificación de alternativas que pueden ser tan válidas como las de empresas occidentales; por esto, se debe exigir que criterios estrictamente científicos, y no alineamientos políticos, orienten las decisiones de los Estados en la provisión de vacunas. Así lo entiende el gobierno de México, que ha permitido que empresas privadas y gobiernos locales puedan adquirir y suministrar vacunas, bajo estricta vigilancia pública.

La OMS y otros organismos globales se empeñan en acelerar la producción de una vacuna eficaz para todos los países, mediante la creación de infraestructuras y acumulación de suministros para distribuir 2.000 millones de dosis a finales de 2021.  Este tiempo de espera puede significar centenares de miles de muertos en los países periféricos. El gobierno deberá tomar conciencia de esta realidad, antes de decidir lo mejor para salvar la vida de los ecuatorianos.