Caso Glas

Un video publicado por el portal Código Vidrio muestra cómo se manejó la política pública durante el correísmo. Jorge Glas le pide al director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, José Luis Cortázar, que no deje nada por escrito y que no interfiera ni exija cuentas a las petroleras privadas sin su conocimiento ni aprobación. El entonces vicepresidente intentó evitar un revés electoral a través de prácticas corruptas.

La Corte de Santa Elena tiene que decidir sobre la revisión del recurso de ‘habeas corpus’ a este ciudadano, una situación bochornosa que marca la historia contemporánea y la supuesta depuración del sistema de justicia. Ninguna persecución política, como señala el denunciado, pero sí una decisión judicial que permite considerar la capacidad del Estado para enfrentar casos de corrupción y detener el apogeo del crimen organizado. Lo paradójico del asunto es la presión levantada alrededor del correísmo y la implicación de acuerdos oscuros que podría tener el gobierno de Guillermo Lasso. Las autoridades tratan de explicar y justificar sus acciones pero lo que se cuestiona es la eficacia de la justicia y los resultados concretos que permitan recobrar la tranquilidad y recuperar la confianza en las instituciones.

Uno de los mayores desafíos es el cambio de todas las fuerzas políticas pues está revelado el que podría ser el mayor caso de corrupción del país. Sin duda hay sectores que se benefician con la salida de Glas de prisión. Sin embargo, en ocho días se conocerá el resultado de la apelación que analiza la sentencia de libertad. De revocarse la misma, él tendrá que regresar a la cárcel regional de Cotopaxi.

No se puede negar el desconcierto que causa el video de Código Vidrio. Algo paradójico que ni Rafael Correa ni sus representantes parlamentarios niegan en las redes sociales. El hecho de subir los cupos de venta de las gasolinas en la frontera, donde se produce cocaína, incluso demuestra cómo el gobierno de ese momento manejó la escalada del narcotráfico y la minería ilegal. Algo que no puede quedar en la impunidad si pretendemos una vida en democracia.

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