El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarando la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por violaciones de derechos contra el periodista Emilio Palacio, exeditor de Opinión, y los propietarios de diario El Universo de Guayaquil (Nicolás Pérez Lapentti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga) marca un precedente contra gobernantes que se creen dueños de la verdad.
En 2011, un fallo de la justicia ecuatoriana sentenció a prisión y multó a Palacio y a tres directivos del rotativo a pagar $40 millones, por una demanda del expresidente Correa, quien se sintió afectado por la publicación del artículo ‘No a las mentiras’ (6 de febrero de 2011) donde Palacio cuestionaba la actuación de Correa en la revuelta policial del 30S.
El fallo de la CIDH señala que era una opinión y que, en el caso de funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, “la respuesta punitiva del Estado mediante el derecho penal no es convencionalmente procedente para proteger el honor del funcionario». La CIDH agrega que la sanción económica es “desproporcionada” y generó en el país temor y autocensura periodística afectando la libre expresión. La sanción a El Universo, por más del doble de su capital social, “fue una violación al derecho a la propiedad pudiendo ocasionar su quiebra «.
Dos aspectos poco resaltados en la sentencia de la CIDH, según José Hernández, son: el resarcimiento a las víctimas y los efectos del pago para el Estado, demostrando que Correa ‘metiendo la mano en la justicia’ la convirtió en lugar para satisfacer caprichos y mostrar sus complejos, violando la ley y los derechos humanos.
Atroz que, por el abuso de un autócrata, el Estado pague $400 mil de indemnización a Palacio y a los directivos del diario. No son los $12 millones originales pero, lejos de amedrentar a presidentes abusivos como Correa, posibilitará que otro déspota en la presidencia haga lo mismo (torcer la justicia, preparar fallos y obligar a cualquier “magistrado de alquiler” a dictar sentencias). El juez Paredes (caso “chucky seven”) sigue siendo parte del sistema judicial…
No importan las bravatas de Correa acusando al procurador Salvador de “mala defensa del Estado”, cuando quien perdió este caso fue Diego García, procurador de Correa (de 2012 a 2017). La sentencia señala que “las violaciones a los Derechos Humanos fueron flagrantes y de bulto”. A Correa hay que pasarle ésta y otras facturas por los fiascos internacionales de su ‘revolución’…