Bendita consulta

En el mismo estilo del nacional socialismo alemán, Alianza PAIS se hizo del poder, en un ambiente de grave crisis del sistema político, con un programa que ofrecía “… un Ecuador democrático, solidario, justo y ético, “… donde el respeto a la opinión de los contrarios, a la disidencia y a la crítica esté garantizada…”.

La consulta realizada en el año 2012 desenmascaró el proyecto neofascista, puesto que, con ella, sumada la aprobación de la reelección indefinida, se configuró un Estado de corte totalitario. Sin embargo, la aguda crisis económica obró para que el Presidente decidiera dejar que Lenín Moreno asumiera los costos de la misma. El ungido, sin embargo, de manera sorprendente, aunque entendible, con un giro de 180 grados, abandonó el proyecto de su antecesor.

Convocó, entonces, a una consulta que tuvo lugar el 4 de febrero de 2018, para desmantelar el modelo retrógrado y corrupto instaurado. De ahí que la primera pregunta planteada fuera orientada a inhabilitar a los funcionarios sentenciados por delitos de corrupción para acceder a cargos públicos o candidaturas, y a que las empresas corruptas y corruptoras no pudieran jamás contratar con el Estado; otra pregunta fundamental estuvo dirigida a terminar con la reelección indefinida, elemento central del fascismo totalitario, contrario a la norma constitucional de 2008 que reconocía la alternancia como un principio fundamental del sistema republicano.

El sistema corrupto se montó con la complicidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, responsable de dirigir procesos para el nombramiento de: Fiscal, Procurador, Contralor, defensores Público y del Pueblo, superintendentes, jueces electorales y constitucionales, Consejo Nacional Electoral y Consejo de la Judicatura. Por esto se planteó reestructurarlo y que sus miembros sean elegidos mediante votación. Los consejeros fueron cesados y reemplazados por un Consejo de Transición.

También se consultó al electorado sobre la imprescriptibilidad de ciertos delitos sexuales, la prohibición de minería metálica en zonas intangibles y centros urbanos, la derogatoria de la ley de plusvalía y la reducción del área de explotación petrolera en el Yasuní. El pueblo respondió con un rotundo “Sí”.