El presidente da apoyo moral a la Policía Nacional cuando lo que se necesita son garantías jurídicas para actuar contra los criminales. Hace poco, Guillermo Lasso, en las instalaciones del cuartel del Grupo de Intervención y Rescate —GIR—, se dirigía a la Policía Nacional para dar apoyo y pedir que usen sus armas contra los delincuentes. Sin embargo, el mensaje queda limitado y falto de contundencia, porque el mandatario no aclaró si el apoyo es únicamente moral o si va más allá y se extiende hacia lo jurídico.
El Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden (COESCOP) establece en su artículo 21 que “la obediencia de las órdenes ilegítimas o contrarias a la Constitución y la Ley, NO eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten y a quienes las impartan”.
Entonces, el discurso del presidente queda reducido a palmaditas en la espalda y a su aparente buena voluntad, ya que el artículo 293 del COIP que se refiere al uso progresivo de la fuerza habla de sanciones de 10 a 13 años de cárcel por hacer uso excesivo de la fuerza.
En esta misma línea tenemos al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público COESCOP que enfatiza que el personal de la Policía debe disuadir al delincuente, procurando preservar su vida. Pero esto no es todo; para terminar de maniatar a la Policía Nacional, el artículo 120 considera una falta grave el hacer uso excesivo de la fuerza, si esta llegase a afectar la integridad física de esos ‘pobres angelitos ‘ que salen a atentar contra los ciudadanos, a matar, a poner bombas, secuestrar y sembrar caos en el Ecuador. Así, los ‘derechos’ de los delincuentes se convirtieron en los enemigos de las fuerzas del orden. Estos acaban siendo herramientas que benefician a los delincuentes, pues se condena a los uniformados como sucedió el pasado 15 de noviembre, cuando 37 policías fueron sentenciados por reaccionar a los ataques en la cárcel de Turi.
El problema se agudiza porque tenemos una Asamblea Nacional ausente, llena de parásitos. Los legisladores actúan por sus propios intereses y cuando deben tratar reformas clave, como el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral que debía abordarse el pasado domingo, 91 de 137 asambleístas no asomaron, no dieron quórum.
Si el presidente realmente busca apoyar a la Policía Nacional debería velar primero por su seguridad jurídica y esto, lamentablemente, queda en tela de duda, ya que ni en las preguntas de la Consulta Popular se aborda el tema.
Esperemos que el encuentro de Guillermo Lasso con su par estadounidense, Joe Biden en la Casa Blanca, dé frutos reales o, al menos, los primeros pasos para avanzar en materia de seguridad para los ciudadanos, una tarea pendiente de este Gobierno.
Una salida que también podemos plantear a la grave situación del país en materia de seguridad, aunque compleja, es la redacción de una nueva Constitución que establezca consecuencias firmes para los actos de los pillos. Países como los nuestros son tan inmaduros aún, que requieren mano dura y autoridades con liderazgo y credibilidad. Necesitamos firmeza, orden y seguridad para que la fuerza pública actúe y nos brinde la tranquilidad a los ciudadanos, no solo palmaditas en la espalda de apoyo moral por parte de las autoridades.