Wellington Toapanta
El Ecuador está bajo ataque de la ‘delincuencia organizada’ descrita, en el 2017, por el sucesor gobernante. Desde entonces se urden tramas parlamentarias, que no han menoscabado diligencias para restablecer su control absoluto de las instituciones del Estado con adherentes y correligionarios.
Cesó la turbulencia de la mayoría parlamentaria, cuyo desconcierto visibilizó a sus sigilosos afines emplazados en otras dependencias estatales, haciendo de la Constitución un acordeón para sostener la crisis política, económica, social y la inseguridad programada.
Cesaron los bravucones que desafiaban la disolución de la Asamblea, pero han entregado la posta a sus otras estructuras integradas por malabaristas jurídicos, designados por sospechosos procedimientos, desde lo electoral hasta presunta manipulación normativa.
Desesperan para que no se diluya la estructura soñada desde el 2007, programada para sobrevivir 300 años con la Constitución del 2008. Temen frenos bruscos, por lo que, sin disimulo, activan acciones, a través del Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional, espera su turno el electoral.
Empeñoso, el Consejo de Participación, pretende, ‘por (sospechoso) pedido ciudadano’, mutar a fiscalizador de la fiscal general y del subrogante, cuando está vedado de hacerlo. Los recurrentes tienen signos de turbiedades legales. La presidencia, la mayoría del Consejo de la Judicatura, ensayó parecido trance.
‘La investigación ciudadana’ no compatibiliza con elemental procedimiento. Su hipótesis es la Fiscal General, excluyen elementos básicos: tutor de tesis, tribunal examinador y calificador, refrendadores y suscriptores del título. Evidente desesperación, les urge la Fiscalía. Cumplen consignas.
Sin tapujos, la Corte Constitucional programó su escena como presunta colegisladora. El inciso cuarto del Art. 148 de la Constitución no dice que debe calificar la calidad de los proyectos de decretos-leyes económicos-urgentes, sino dictaminar su constitucionalidad. Del contenido normativo se encargará la Asamblea cuando nuevamente se constituya, que los aprobará o no.
El Ecuador está bajo ataque, no solo la Fiscalía. Parece que el caos es su negocio, pero no disimulan su obsesión de control total de la gestión judicial, que se dice es para garantizarse impunidad, revertir sentencias penales, perseguir a otros, bloquear inversiones productivas, impedir generación de empleo, bienestar ciudadano.