domingo, diciembre 5, 2021
Editorial Columnistas Nacionales Autoridades y leyes absurdas

Autoridades y leyes absurdas

Rodrigo Contero Peñafiel

Cuando las leyes se expiden sin el conocimiento y análisis suficiente ocurren situaciones incompatibles con la lógica elemental.

Reflexionemos: una máxima autoridad de control acusada de graves delitos contra la administración pública, basándose en la ley orgánica institucional y a pesar de estar privado de la libertad ¿designa sucesores? Además, él también fue nombrado por su antecesor, otro enjuiciado y sentenciado penalmente.

Un burgomaestre destituido por el correspondiente cuerpo colegiado, al tenor de lo contemplado en la ley de la materia; resolución que, a su vez, fue examinada y confirmada por el competente órgano superior. Sin embargo, utilizando otras normas, trata de evitarse o al menos demorar la sucesión, cuando aquella decisión final es de inmediato cumplimiento.

Un funcionario público acusado de un delito de naturaleza sexual, desde la cárcel destituye a quien dice está usurpando sus funciones.

Estas amargas experiencias nos conducen a pensar en la función legislativa, la posible reducción del número de asambleístas y la restructuración de este órgano en dos cámaras. Actualmente vemos leyes con vacíos y contradicciones insoportables; sin duda, son falencias a las que recurren las autoridades en situaciones desvergonzadas para, en lugar de optar por el inmediato cese de funciones, seguir actuando frente a la lentitud con la que actúan los demás poderes del Estado.

Procesados que consiguen el apoyo de ciertos abogados, quienes en el afán de alcanzar oscuros propósitos recurren al extremo antiético de pretender engañar a la justicia valiéndose de determinados jueces dispuestos a prevaricar, tan hábiles como rápidos en sus actuaciones y que, en número mínimo, recién son identificados por el Consejo de la Judicatura. ¿Qué más habrá en la oscura herencia revolucionaria? La ciudadanía exige que todo servidor público desempeñe sus funciones con honestidad y respeto al pueblo ecuatoriano.

Es hora de convocar a una consulta popular para que sean los ciudadanos quienes decidan el fin del CPCCS, reducir el número de asambleístas, construir un Parlamento bicameral y pronunciarse sobre la explotación minera a cielo abierto en áreas de recarga hídrica.

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