El terrorismo es ahora un delito político. Nuestra tan discutida y vilipendiada Constitución contempla la amnistía en su artículo 120, numeral 13, solo para delitos políticos o por motivos humanitarios. Sus artífices y quienes la conceden son los Asambleístas, en el seno de la Asamblea Nacional.
Lo curioso, sin embargo, es que la misma Constitución, en el mismo numeral, insiste en que “no se concederán por delitos cometidos contra la administración pública”. Ante tanta pasividad y libertinaje político, surgen aquí las dudas. Los sembradores del caos insisten en decir que no han hecho nada, que no dañaron ni incendiaron nada, que no alentaron al caos y al desorden público, que no han matado a nadie. Nosotros, los comunes mortales y ciudadanos de a pie, nos quedamos impávidos ante la plena renuncia de su potestad soberana del Estado y sus órganos administrativos, para dejar hacer y dejar pasar, sin perseguir ni castigar delitos que han dañado a todos, principalmente al pueblo de Quito.
Ya se los ha pillado en varios intentos de golpes de Estado y no han podido desestabilizar la democracia, pero octubre de 2019 es recordado como un momento negro en la historia de los ecuatorianos y, especialmente, los quiteños.
Hasta hoy, continúan los intentos desestabilizadores. El 10 de marzo, 99 asambleístas nos madrugaron otorgando 268 amnistías contrarias a lo que manda la Constitución. De los amnistiados, 57 tienen procesos penales que no califican conforme la norma supra para ser amnistiados. Esto no solo lesiona la ley y la justicia, sino que constituye una afrenta nacional e internacional; se exculpa de los delitos cometidos a personas que no lo ameritan ni lo merecen.
La Fiscalía tiene pruebas de que su cuartel de operaciones era la Prefectura, desde donde ordenaron estos ataques vandálicos para impedir la instalación de la audiencia del juicio del caso Sobornos, donde fue sentenciado por la justicia el líder de una organización criminal.
A las 4:00 de la madrugada les preguntaron a los asambleístas si vieron personas secuestradas en octubre de 2019, si vieron que atacaron 14 ambulancias, si supieron que 47 militares y policías fueron secuestrados en la provincia de Chimborazo —los secuestradores dijeron que no era secuestro sino un traslado—, si se enteraron de que en Pujilí secuestraron a mujeres policías atentando contra su integridad física. Los 99 asambleístas, al alzar la mano, dijeron que nunca vieron la quema de la Contraloría ni la de Teleamazonas, ni la toma de pozos petroleros ni el corte de agua en varias ciudades. No vieron las más de mil llantas que llegaron en volquetas y carros sin choferes y que, según ellos, se quemaron solas.
Fue nuestra Policía quien salvó nuestra democracia aquel fatídico octubre de 2019. Sin embargo, ahora quienes agredieron son amnistiados mientras los policías se ven enjuiciados por salir a defendernos sin armas letales. La Fiscalía debe intervenir de oficio. Las fuerzas vivas y sociales deben impedir, vía Corte Constitucional, que se consume este tremendo acto de impunidad, uno más. Doloroso pero real; fueron estos mismos asambleístas quienes no aprobaron la Ley de Extinción de Dominio que hubiese obligado a devolver lo robado.
El borrador de la muerte cruzada está redactado. Esperemos que el presidente Guillermo Lasso tenga la guía y dirección de Dios para guiarnos por el camino que salve a nuestro Ecuador.