Algunos tendrán que morir

En teoría, en Ecuador no hay pena de muerte, pero en la práctica casi 400 personas han muerto en las cárceles, bajo custodia del Estado, en las matanzas de los últimos 18 meses — en contraste, en Irán se ejecuta anualmente una cantidad un poco mayor a 300 y en Estados Unidos se ejecutó apenas a 11 en 2021; países con una población mucho mayor—. También, en las cárceles, hay abundantes y sospechosos suicidios de detenidos o presos, varios de ellos acusados de haber cometido hechos aberrantes contra personas o instituciones poderosas. En lo que se refiere a los asesinatos, en las cárceles como en las calles, la impunidad sigue siendo, por mucho, la norma, no la excepción. Quizás sea temerario afirmar que en Ecuador hay una “política de Estado” de eliminación de ciertos grupos, pero es justo afirmar que el Estado no está en la capacidad de, ni parece ser una de sus prioridades, preservar la vida de su gente y castigar a los asesinos.

Algo similar sucede en la ruralidad ecuatoriana, especialmente de la Sierra, donde la gran masa de la población —indígena, además— no solo es pobre, sino cada vez más vieja. El Estado carece de una política que busque mejorar consistentemente las condiciones de vida de esos compatriotas y poco parece querer hacer para socorrerlos ahora que se llevarán la peor parte de los efectos de la inflación, del encarecimiento mundial del comercio y de la energía, y del deterioro de nuestras instituciones. En la práctica, ese sector desaparecerá paulatinamente por la incompetencia y omisión del Estado: unos envejecerán y morirán, y los que queden se diluirán en las ciudades.

Y esa misma dinámica perversa, en la que la maquinaria inaugurada en Montecristi avanza devorando vidas y pueblos sin que nadie se haga responsable, es la que está detrás del subdesarrollo crónico de nuestra infraestructura, de la innegable involución de nuestro sistema de partidos, de la dolorosa e imparable migración de tantos ecuatorianos valiosos y de la paulatina destrucción de nuestro ambiente. Este Ecuador garantista, centralista, unitario, dolarizado y globalizado no alcanza para dieciocho millones de ciudadanos; si no cambia a tiempo, muchos tendrán que marcharse y algunos tendrán que morir.