En Cartagena de Indias se implementó una medida para garantizar atención adecuada a pacientes contagiados por Covid-19 y mitigar los impactos de la pandemia entre los pobladores de la ciudad patrimonial.
Se trata de la alerta hospitalaria, calificada de roja por lo emergente, ante el alto porcentaje de ocupación de camas UCI y a fin de asegurar la prestación de servicios, por lo cual el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias tomó el control absoluto de las camas disponibles, ya sea para cuidados intermedios o para los intensivos.
Oficialmente y con el objetivo de priorizar las acciones que posibiliten trabajo oportuno y eficaz de las instituciones prestadoras de servicios a ciudadanos diagnosticados con el indicado mal, se dio a conocer que la medida “garantiza una adecuada y efectiva remisión y contraremisión de los pacientes, sin que medie ningún tipo de contratación”.
Acciones de este tipo demuestran sensatez, transparencia, nada de intereses creados, en época de acuciantes requerimientos, frente a los que no deben caber, bajo ningún concepto, improvisaciones, incompetencias o corruptelas.
En nuestro medio, mientras médicos, enfermeras y más personal del ramo luchan heroicamente para salvar vidas, en ocasiones a costa de las propias, se han producido acciones incomprensibles y hasta de repudio. Entre ellas, la incapacidad de evitar las aglomeraciones de ciudadanos que acuden en busca de la ansiada vacuna, sin que nadie imponga orden, como sucedió en Quito, en el Centro del Adulto Mayor, avenida Naciones Unidas o en el sur. Fueron caóticas e indignantes esas escenas que se espera hayan sido corregidas y que alentaron serias probabilidades de contaminación con el virus a personas altamente vulnerables, dignas de mejor trato.