El destino quiso que Ecuador tenga que enfrentar el Caso Tagaeri Taromenane, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justo ahora. No solo que el Estado ecuatoriano se encuentra en un momento de debilidad extrema —inmerso en una crisis de liderazgo y atacado en diversos frentes—, sino que la coyuntura actual dota inevitablemente al caso y sus patrocinadores de una seria carga política.
Por más que se intente presentar al tema como un asunto que trasciende lo político y que remite únicamente a elevados conceptos humanitarios, un caso como este, en el momento actual, tiene serias implicaciones para el Estado ecuatoriano, su futuro y el bienestar de su pueblo —del cual la Conaie, sus miembros y sus ideólogos también son parte, pero no la única ni la que debe predominar a costa de todo el resto—. Hasta ahora, el caso ha servido como plataforma de Leonidas Iza, de colectivos extremistas de financiamiento poco transparente, de juristas abiertamente apologetas de la violencia de octubre de 2019 y junio de 2021, y de movimientos extranjeros enemigos declarados de sectores estratégicos de nuestra economía.
Instrumentalizan un hecho acaecido hace dos décadas para fines proselitistas y, además, persiguen vorazmente sanciones que debilitarán todavía más la legitimidad del Estado y las finanzas públicas. Así, Leonidas Iza y sus acólitos mancillan irresponsablemente el prestigio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las nobles causas que defiende. Fieles al extremismo que los caracteriza y sobre el que ya tanto se ha advertido, demuestran una vez más que están dispuestos a usar cualquier instancia y cualquier herramienta, por más contradictoria que sea, con tal de debilitar al Estado para luego hacerse con él.