Los líderes del correísmo rompieron el silencio. Lo hicieron luego de objetar los resultados oficiales de la elección presidencial, incluso pidiendo la nulidad de la votación.
Los argumentos, disparatados para algunos, se han instalado en el debate nacional y ante las autoridades electorales. Entre estos están: que la tinta de los esferos se transfiere, que prohibieron la foto a las papeletas para que no se descubra la ‘contaminación’ o que el flash de los celulares podía borrar la tinta transferible; también, que EE.UU., Israel y servicios de Inteligencia, pudieron ayudar al fraude; que “tal vez” las pruebas están en las urnas y que deben abrirlas; o que se gastaron $800 millones en comprar votos.
La Revolución Ciudadana dice que ha impugnado 16.026 actas, más de un tercio del total de las 41.544 actas; y han anunciado que irán, incluso, a instancias internacionales.
Sería un error desmerecer los esfuerzos del correísmo por deslegitimar no solo el último proceso electoral, sino por desgastar la credibilidad de todo el sistema electoral, pues ha sido una estrategia sostenida tras la elección de Guillermo Lasso y la primera de Noboa, hace un año. La estrategia de gritar “fraude” y restar validez a su oponente, elegido democráticamente en las urnas, es perjudicial para la democracia.
Hay quienes dicen que “el correísmo está muerto”; pero nada más alejado de la verdad. A la fecha, cuenta con 66 asambleístas electos, decenas de autoridades seccionales y una importante base electoral. Cuenta, además, con un manejo comunicacional que permite difundir su propaganda gracias al empleo de redes, influencers medios y hasta gobiernos extranjeros dispuestos a colaborar con ellos.
Por eso, las autoridades del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y de la Función Judicial deben aclarar con celeridad estas denuncias y acusaciones.