La irresponsabilidad de la mayoría de la Asamblea Legislativa de perseguir el enjuiciamiento del presidente Guillermo Lasso deja a la Corte Constitucional (CC) en una situación delicada. De dictaminar la admisibilidad del pedido, la CC estaría enterrando hasta las más ingenuas ilusiones de justicia y razón en nuestro sistema político. De negarla —que es lo que debería hacer—chocará de frente con la voluntad de la mayoría de las fuerzas políticas, lo cual podría conllevar un alto costo material y humano. Estaría, además, afianzándose en su rol tutelar en la política nacional, de dueña de la última palabra; un papel para el que no fue concebida, pero que asume con frecuencia.
Esta es una crisis absurda y prefabricada por fuerzas políticas que juntas son más fuertes que el Gobierno, pero de las que ninguna es lo suficientemente poderosa como para imponerse sola. Junto con un Legislativo desprestigiado y temeroso de convocar a elecciones anticipadas, buscan un revuelco político para deshacerse del Presidente sin mancharse las manos. Conocen su inoperancia y envidian a un Ejecutivo que recién este año dispondrá de los recursos y el margen de acción necesarios para conquistar ciertos espacios.
Nuevamente, la mayoría en la Asamblea decidirá entre azuzar a las masas contra el orden constitucional y abrir la puerta del diálogo en aras del ‘acuerdo nacional’ que el Presidente, derrotado, planteó tras las últimas elecciones. Tener al país sumido en esta parálisis por dos años más dirá mucho sobre su verdadero interés.