Los sismos que acaban de acaecer en Carchi y dejaron alrededor de 400 familias desplazadas son una alerta que no debemos ignorar. Ecuador es un país propenso a desastres naturales y ambientales —erupciones volcánicas, terremotos, sequías, plagas, pestes, tsunamis, deslaves, etc.—. A lo largo de su historia, esta tierra ha sido regularmente golpeada por catástrofes de origen natural y ambiental. Lo único que se puede hacer es adaptarse y prepararse para ello.
Parte fundamental de ese sistema de prevención eran los fondos de contingencia de inmediata disponibilidad. Sin embargo, ni los desastres recientes —el terremoto de 2016, la pandemia de COVID-19, el aluvión de La Gasca hace seis meses, la erosión regresiva del río Coca, los inviernos y El Niño— ni los riesgos objetivos que enfrentamos —los volcanes activos, el riesgo sísmico omnipresente que se cierne tanto sobre el Ecuador continental como sobre la región insular, la desertificación de suelos y los resultantes problemas de seguridad alimentaria, las zonas de deslaves habitadas— han bastado para crear un consenso entre la clase política sobre la necesidad de administrar los fondos públicos con esa realidad en mente.
Sea por mera desconfianza o por simple ineptitud, las fuerzas políticas insisten en abalanzarse sobre hasta el último centavo del presupuesto nacional, como si no existiera riesgo alguno ni un mañana. Mal estaba este Gobierno intentando reducir el déficit fiscal, cuadrar las cuentas y retomar los fondos cuando ya se le exige, a punta de piedras y palos, que retome el gasto irresponsable. Cuidado, y la naturaleza nos da otro baño de humildad.