El correísmo se encargó de diseñar un Estado a la medida del caudillo y su facción; el resultado fue un país pensado para ser regido con acuerdos subrepticios, administrado de forma patrimonial y bajo el empleo habitual de la fuerza y la coacción económica. Dicha creación —que induce a la arbitrariedad, facilita el sabotaje y castiga la mesura— perdura hasta hoy; por ello resulta tan difícil gobernar con transparencia, acuerdos y prácticas democráticas. Todo experimento autoritario a largo plazo requiere de juristas, tan brillantes como perversos, que lo doten de un falaz barniz de legalidad; en el caso ecuatoriano, el indiscutible conductor de dicho esfuerzo fue Alexis Mera.
Durante una década, a él le correspondió encontrar los subterfugios para convertir en legales una serie de procederes que no dejaron de ser indecorosos, malintencionados y nocivos para el país. Todo pasaba por su escritorio: las reformas al sistema penal y al de contratación pública, la ‘metida de mano’ a la Justicia, los decretos de emergencia, el blindaje jurídico de las instituciones del Estado y empresas públicas que comandaron el obsceno derroche, las sentencias ‘sugeridas’ en casos trascendentales, la defensa legal de los cuadros más importantes del régimen e, incluso, como reza la sentencia, la cuidadosa elaboración del esquema de sobornos sobre el que se sostenía la supremacía electoral correísta.
¿Qué tanta justicia puede esperarse cuando alguien es juzgado bajo el mismo sistema que ideó para protegerse?