En Ecuador, todo proyecto —sea individual, colectivo o nacional— debe presupuestar que esta es una tierra de desastres. Los abultados registros históricos nos permiten, a estas alturas, conocer con relativa precisión el tipo de amenazas y las zonas sobre las que se ciernen. Este año ha sido despiadadamente fecundo en tragedias de origen geológico y climático, pero nada de ello ha sido nuevo. Conocemos bien que vivimos en medio de riesgo sísmico, ¿sabes cuáles son los lugares que habitualmente se inundan e identificamos las zonas que, durante siglos, han sido escenario de derrumbes y aluviones? Incluso si llegara a consumarse un terremoto de proporciones en alguna de nuestras grandes ciudades o la erupción del Cotopaxi, no sería justo hablar de una sorpresa.
Ante tragedias como la acaecida en Alausí, se suscita un comprensible deseo de encontrar culpables. No obstante, apuntar con el dedo a las autoridades por un evento de fuerza mayor es tan absurdo como querer colocar sobre los hombros de las propias víctimas la responsabilidad de la desgracia. Nadie desea ni persigue desenlaces fatídicos como estos, pero la sociedad muchas veces carece de la disciplina, la perseverancia y el grado de coordinación que se requiere para solucionar las situaciones estructurales de riesgo.
Este lamentable hecho debe servir al menos como un llamado de atención. Se requieren soluciones que involucren y beneficien a todos los sectores —Gobierno, comunidad, construcción, financiero— para empezar desde ya a prevenir otras descomunales amenazas que se ciernen sobre el país.