Ecuador no logra inmunizar a la ‘corrupción’

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    MOMENTO. Trabajadoras de la salud en Cuenca recibieron la primera dosis contra la Covid-19.

    El Ministerio de Salud se niega a entregar listado de personas que reciben la vacuna; lo que iría contra la ley.

     “Mi hermana ha trabajado en UCI toda la pandemia, pero ella no entró en la lista para recibir la vacuna y ya vemos a dónde fueron… Como ella, muchos. Indigna”, fue lo que escribió Cristina Valverde en Twitter y ella es una de las tantas que cuestionan el proceso de vacunación contra la Covid-19 en Ecuador.

    A menos de una semana de haber llegado las primeras 8.000 dosis de Pfizer, aparecen irregularidades, como las de dos funcionarios del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), que recibieron la vacuna pese a no estar en primera línea de emergencia.

     Jorge Wated, presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), dijo que hay un informe técnico y que “se tienen que ir todos los responsables”. Hasta el cierre de esta edición, dicho informe no fue socializado y tampoco se han esclarecido otros temas cuyas respuestas debe dar el Ministerio de Salud. La información sobre el plan de vacunación ha sido escasa desde antes de que las dosis arriben.

    Información reservada

    DIARIO LA HORA solicitó los listados de los beneficiarios de las vacunas al Ministerio de Salud Pública (MSP), así como una entrevista con su titular, Juan Carlos Zevallos.

    La respuesta del MSP fue: “en respuesta a su pedido de información debo manifestarle que estamos realizando las gestiones pertinentes, y esta cartera de Estado dará más detalles con relación al “Plan Vacunarse” en días posteriores”.

    En otros espacios, como ruedas de prensa, también se solicitó los detalles del plan de vacunación, sin éxito.

    Cuando las vacunas llegaron, el pasado 20 de enero, miembros del Gobierno indicaron a la prensa que no se permitía hacer preguntas.

    A estos antecedentes se suma lo dicho ayer por Zevallos, quien declaró que la información será reservada.

    Irregularidades. Al momento se ha confirmado que dos funcionarios del HCAM recibieron la vacuna de forma irregular. (Poner la captura de pantalla)

    En contra de la ley

    Freddy Carrión, Defensor del Pueblo, señaló que es necesario transparentar la información del plan de vacunas para que sea “objeto de observación ciudadana”.

    El experto en Derecho Constitucional señala que la información gubernamental puede ser reservada siempre que previamente, mediante un acto administrativo, se la declare como confidencial. “Nosotros no tenemos conocimiento de que se haya declarado (al plan de vacunación) como reservado”.

    De haber ocurrido esto, el Ministerio de Salud debió dar a conocer dicho acto a la Asamblea Nacional y la Defensoría del Pueblo. “Pero más allá de eso, el tema fundamental es qué tipo de información puede ser reservada cuando lo que busca la gente es que exista un plan de vacunación cuando hay ocho mil dosis, es decir, para cuatro mil personas y que se transparente a quiénes van a ser entregadas, para evitar, justamente, que a una directora de comunicación del HCAM sea beneficiaria de la vacuna frente a un médico que está atendiendo en primera línea del Covid”.

    Antecedentes

    El Defensor del Pueblo, quien pidió al presidente, Lenín Moreno, solicite la renuncia del Ministro de Salud, dice que no  es la primera vez que hay un incumplimiento respecto a la transparencia y el acceso a la información pública.

    1. El primer antecedente, señala, se dio durante los primeros días de la pandemia (marzo 2020), cuando “no se transparentaba la información sobre contratos públicos, se supo que incluso adquirían insumos médicos a estudios jurídicos”.
    1. El segundo antecedente corresponde a la información sobre carnets de discapacidad adulterados, “que el Ministro de Salud siempre se ha negado a entregar”.

    Por eso, Carrión presentó un recurso de acceso a la información pública que un juez concedió “y determinó que el Ministerio cumpla (…) hasta el día de hoy no ha cumplido y eso significa desacato”.

    Estos hechos han hecho que la Defensoría presente, en estos días, una denuncia por desacato; por incumplimiento de decisiones de autoridad penal, cuya sanción podría implicar de uno a tres años de privación de libertad.

    Deben salir las ‘cabezas’

    Beneficiarse de un plan de vacunación puede ser juzgado como peculado y el contexto de la emergencia sanitaria podría ser un agravante. Es decir, que los funcionarios que se vacunaron podrían enfrentar penas de hasta 13 años, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

    El acceso a la información pública es un derecho constitucional. Sin embargo, Carrión dice que es importante que “paguen” quienes están al frente de estos procesos y “permiten están irregularidades (…) un funcionario que autoriza que le vacunen, hay que determinar quién autorizó esa vacuna”.

    En Cuenca, comenta el Defensor del Pueblo, habrían llegado listados desde el MSP donde se incluye en el plan piloto de vacunación a personal administrativo. (AVV)

    Conflicto de intereses

    A las denuncias de irregularidades se sumó el caso de un geriátrico privado que recibió las vacunas contra la Covid-19, antes que algunas instituciones públicas. Además, la información de un periodista radial que señaló que en dicho espacio estaría la madre de Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud.

    Zevallos compareció ante la Asamblea Nacional y dijo que las vacunas también se contemplaron para hogares de ancianos públicas y privadas, aunque no se refirió al tema familiar. Posteriormente, habría reconocido a un diario quiteño que no solo su madre, sino varios familiares se encuentran ahí.

    Freddy Carrión, defensor del pueblo, señaló que de ser así, el hecho incurre en un conflicto de intereses. “Él (Juan Carlos Zevallos) como funcionario público no podía haber actuado de esa manera, porque hay un claro conflicto de intereses que siendo él la autoridad encargada de las vacunas no podía haber dispuesto dicha entrega de vacunas a ese centro donde residen sus familiares”.

    “No nos queda más que actuar y activar los mecanismos inconstitucionales”, agrega Carrión.