En el primer año del nuevo gobierno se tendrá que conseguir al menos $1.500 millones; también será vital eliminar gradualmente el Impuesto a la Salida de Divisas.
El nuevo gobierno, que asumirá el cargo el 24 de mayo, deberá comunicar claramente al país hacia dónde va su plan y, además, establecer plazos para cada uno de los procesos urgentes para atraer inversión, generar empleo y producir más.
“Ninguno de los problemas se solucionan en 100 días, pero sí se puede marcar el rumbo y empujar el inicio de estos procesos. Unos toman más tiempo que otros, pero hay que empezar a trabajarlos desde el primer día”, dijo Alberto Acosta Burneo, analista económico.
Solo con un norte claro y acciones concretas y medibles en el tiempo, el nuevo gobierno podrá sentarse, como una de sus primeras prioridades, a renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En esa renegociación, las autoridades deberán estar conscientes que la metas de ordenar las finanzas públicas y reducir la dependencia del endeudamiento caro son insustituibles, pero lo que puede cambiar son los mecanismos o las formas para alcanzarlas.
Impuestos e inversión
Según el acuerdo con el FMI, hasta septiembre de 2021 se debe enviar una reforma tributaria a la Asamblea. Uno de los objetivos principales es aumentar en, al menos, 2% del Producto Interno Bruto (PIB), o alrededor de $2.000 millones, la recaudación de impuestos.
Diego Olmedo, analista económico, aseveró que no es una opción, si se quiere incentivar el consumo y la inversión, que se aumente el IVA o se quiten exenciones a universidades y otros sectores importantes. Por eso, el próximo presidente debe tener un plan alternativo que pueda generar el mismo nivel de ingresos, pero sin frenar la recuperación.
Por su parte, Acosta Burneo consideró que el enfoque de la reforma debe estar en dejar de castigar a la inversión y dar incentivos efectivos. Así, por ejemplo, el Gobierno tendrá que buscar formas para reducir la carga corporativa, la cual es superior al promedio regional con un 42,6%.
Además, se debería presentar un plan gradual para eliminar, en 4 años, el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). Con esa decisión se atraería más inversión y se podría recaudar más. El país necesita $5.000 millones de nuevos capitales, pero si se consiguen $1.500 millones en el primer año se daría un paso importante.
Auditoría y prioridades de gasto
De manera urgente, se deberá ordenar una auditoría de todas las funciones del Estado para establecer que agrega y que no agrega valor al ciudadano. Esa auditoría debe servir para reducir de manera efectiva la tramitología que afecta a la producción, y para establecer prioridades de gasto en sectores como educación, salud y seguridad.
De la mano de eso, se tendrá que establecer diálogos para que se puedan reasignar valores del presupuesto a temas urgentes como reactivar la inversión pública y obtener el mayor número de vacunas lo más pronto posible.
Asimismo, se debe proponer y discutir una agenda de competitividad, apertura de mercados, modernización del Código Laboral y atracción de banca extranjera.
Consensos en la Asamblea
Acosta Burneo consideró que el gobierno 2021-20215 deberá tener una mayor capacidad de generar consensos en una Asamblea atomizada. Según el analista, es afortunado que no haya las mayorías aplastantes que en el pasado permitieron abusos de poder, pisotear a otros grupos y generar el ambiente de crispación que tenemos ahora.
“Muchas de las reformas fueron impuestas, pero para que sean sostenibles tienen que ser negociadas. Veamos lo que pasó en Chile. Un país en donde las reformas fueron impuestas por una dictadura. Muchos podrán decir que eran la vía correcta para generar bienestar en una sociedad, pero no nacieron de un consenso y por eso ahora se las quiere cambiar”, acotó. (JS)
¿Cómo nos ven en el exterior?
La banca de inversión Barclays analizó que el nuevo presidente deberá manejar responsablemente las cuentas fiscales, con el fin de evitar tener problemas de pago en muy corto plazo. Se debe buscar mecanismo para tener un déficit fiscal de menos de $3.000 millones y no tener que pedir tanto financiamiento externo.
En ese contexto, Credit Suisse puntualizó que se debe hacer una renegociación inteligente con el FMI porque el Gobierno entrante tendrá que gestionar un fuerte ajuste priorización del gasto, pero solo recibirá $2.500 millones de los $6.500 millones del acuerdo con el multilateral.