El auge del estatismo de los últimos 14 años nos llevó a que selo el Estado tenga la razón; tanto que un torpe ordenó a los jueces que no se podía fallar en contra del Estado. Así se dió la legislación que entre los desafueros concedieron el privilegio de la coactiva con todos sus excesos a un sinnúmero de instituciones y empresas que por principio no pueden tener este derecho ni privilegios frente a los derechos ciudadanos. En concreto, todos extorsionan con la coactiva, no importa que las obligaciones hayan sido canceladas, prescritas o que el teléfono no preste servicio hace una década o que los otros servicios no se generaron, igual pese a que la ley otorga derechos. Delincuentes disfrazados de coactivadores le piden primero pagar, incluido gastos y honorarios, o le embargan todo, no solo lo suyo sino también lo de sus parientes y conocidos que tengan hasta el mismo nombre. Por supuesto que no hay nadie a quién reclamar, ya que en teoría debería hacerlo la Defensoría del Pueblo, pero vemos cómo a medio centenar de sus abogados les interesa más el abuso sexsual de su titular que los abusos en contra de los ciudadanos.
Juan Carlos Espinosa