La médica e investigadora Virginia De La Torre dice que el país tiene una cultura de violación a todo nivel; por eso se debe crear una estrategia de educación sexual y civil.
En la última sesión del Pleno que debatió sobre la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), el presidente de la Comisión de Educación, Jimmy Candell, afirmó que buscan priorizar dentro de El Sistema de Protección escolar la prevención, la protección y la reparación para eliminar la violencia sexual, física y psicológica dentro del sistema educativo ecuatoriano. Estas acciones han sido tomadas en cuenta, según el funcionario, a partir de las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país, luego del caso de Paola Guzmán Albarracín.
Según El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), entre marzo y diciembre del 2020, en el país se reportaron 79.946 llamadas al ECU-911 por la violencia intrafamiliar. Por otra parte, antes de la emergencia sanitaria, según un informe de la entidad internacional, en Ecuador el 65% de los casos de abuso sexual a infantes fueron cometidos por familiares o personas cercanas a las víctimas y 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes recibían golpes en sus hogares. Con el confinamiento la situación se agravó.
Desde la raíz
El 24 de junio de 2020, la CIDH condenó el proceder del Estado ecuatoriano en el caso Guzmán Albarracín, por no proteger a la adolescente que fue violada por el vicerrector de un plantel público. Ese fue el inicio para que la legislación ecuatoriana reforme la LOEI y formule una norma sobre los derechos sexuales de los niños y niñas ecuatorianos.
Virginia De La Torre, médica, investigadora social y activista por los derechos de las mujeres, afirmó que esa causa marca un hito histórico en la legislación y en el sistema educativo del Ecuador, ya que ahora este tipo de abusos son más controlados. Sin embargo, piensa que siempre el Estado tiene que estar alerta respecto a la violencia sexual.
“La CIDH solicitó al Estado una garantía de no repetición, para que nunca más exista un caso como el de Paola. Entonces, las autoridades siempre tienen que elaborar, plantear, reformar normas y leyes de forma permanente para contrarrestar a la violencia sexual en toda la comunidad”, explicó la médica.
Según la activista dentro de esas legislaciones debería existir una educación sexual y civil, que sea integral para generar protocolos de atención a la violencia y no permitir la impunidad dentro y fuera de los establecimientos educativos.
‘Paren hijos de violadores’
Para De La Torre, la Ley está correcta, pero no cambia el escenario de vulnerabilidad, porque el país tiene una cultura de violación de abuso a todo nivel: “Hay niñas que denuncian violación y no son apoyadas en el sistema de salud, cuando se acercan a estas clínicas o centros con embarazos lo único que hacen es atenderlas y les hacen parir hijos de violadores y les mandan con un implante anticonceptivo”, comentó De la Torre.
Por eso, según la investigadora el Estado no solo tiene que ampararse en la ley, sino tener una estrategia civil educativa, porque una norma no cambia el comportamiento de los ciudadanos. “El gobierno que venga ojalá tenga la valentía para implementar mecanismos de una instrucción dentro de la sociedad, no sólo en los centros educativos”, sentenció la experta.
Prevenir antes que lamentar
Una década ha tenido que pasar para iniciar una normativa e innovar la LOEI, que protege a los niños y las niñas ecuatorianas de todo tipo de violencia, según Sybel Martínez, jurista y directora del Grupo Rescate Escolar, dedicado a la concientización, prevención y erradicación del acoso escolar.
Para Martínez, la educación sexual tiene que estar basada en evidencia científica al interior de las escuelas y colegios de manera formal. Lo interesante de la legislación actual es que se pone a tono con los estándares internacionales y considera la prevención como artificio ante cualquier tipo de violencia.
“Los colegios deben planificar mecanismos de capacitación, prevención, atención y de reparación de la violencia escolar en todas sus manifestaciones, entendiendo la sexual, que debe ser derivada a la Fiscalía Nacional del Estado, la idea es que la ley prevenga”.
Además, la jurista explicó que esta norma es importante para evaluar a cada institución y medir su accionar ante un hecho de violencia, es decir, poder condicionar y quitar el permiso a los colegios que no actúan de acuerdo con los estamentos.
“Ya vimos algunas entidades que han sido negligentes y siguen operando, este instrumento legal tiene que ser utilizado por las instituciones educativas trimestralmente para que no sea un saludo a la bandera”.
“Los colegios deben planificar mecanismos de capacitación, prevención, atención y de reparación de la violencia escolar en todas sus manifestaciones”. Sybel Martínez, jurista y directora del Grupo Rescate Escolar.
Cifras del sufrimiento escolar
- 3 de cada 5 estudiantes han sido víctimas de actos violentos en la escuela.
- 23% de estudiantes entre 11 y 18 años han sufrido acoso.
- 10% de los niños entre 5 y 11 años han sido golpeados
- El 26% de adolescentes, entre 12 y 17 años, recibe disminuciones en sus notas como castigo por parte de sus docentes.
- 10% de estudiantes entre 11 y 18 años refirió haber sido víctima de ciberacoso.
- 20% del total de las víctimas de acoso escolar que pensaron en quitarse la vida tenían entre 11 y 14 años.
*Las cifras corresponden a un estudio de 1’404.000 niños, niñas y adolescentes, en Ecuador, realizado en 2018 por Unicef y el Ministerio de Educación