Fiscalía y Contraloría ‘revisan con lupa’ sistema informático del CNE

SESIÓN. El pleno del CNE durante la proclamación de los resultados de la primera vuelta electoral.

Los dos organismos de control tienen plena competencia para revisar la base de datos del Consejo Electoral, así esté en curso un proceso electoral.

 Tanto los candidatos para la segunda vuelta presidencial, como la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, se pronunciaron, en tono de advertencia, luego de que la Fiscalía General (FGE) y la Contraloría anunciaran medidas de peritaje y auditoría al sistema informático del organismo electoral.

 El correísmo se expresó con temor. “No permitamos que ninguna decisión modifique el calendario electoral, la segunda vuelta debe realizarse”, dijo el candidato Andrés Arauz (UNES), en rueda de prensa e indicó que han presentado una queja ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por lo que llamó una “intromisión e interferencia” de la Fiscalía al proceso electoral.

Por su parte, el candidato Guillermo Lasso (CREO) expresó: «Es importante remarcar que la autoridad competente dentro del proceso es el Consejo Nacional Electoral. No es momento de temores, de defender a personas o intereses particulares. Es momento de defender y fortalecer la democracia».

El peritaje se realiza en atención a una denuncia presentada el 12 de febrero por Luis Bruno Segovia, en representación del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, basado en el artículo 334 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por supuestas anomalías en el almacenamiento de información digitalizada en las actas del proceso electoral el 7 de febrero. (Ver recuadro)

Reacciones

El 18 de febrero, la FGE inició una investigación previa y solicitó a la Corte Nacional de Justicia que autorice el registro y la retención de información, más no la incautación de la base de datos que reposa en la base de datos del CNE. Dicha solicitud fue aprobada por la Corte dos días después.

Contrario a lo que indica el candidato del correísmo, esto no caería en una injerencia por parte de la justicia en el proceso, pues “ni la Contraloría ni la Fiscalía pierden atribuciones constitucionales al estar en marcha el proceso electoral”, explicó el docente en Derecho Constitucional, Ismael Quintana. “Que se investiguen posibles delitos electorales o posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos no implica interferencia en la elección, dijo.

El peritaje y la auditoría es al sistema informático, no a los resultados o al proceso como tal. Coincide con este planteamiento el abogado penalista Pablo Encalada: “La Fiscalía no pierde sus atribuciones en período de elecciones. Si hay una denuncia de fraude electoral, es su obligación investigar. La pericia dispuesta es solo un aseguramiento de la información, en nada afecta al proceso electoral”.

Lo mismo sostiene el analista político Maximiliano Donoso Muller. “El proceso electoral se mantiene. La Fiscalía no deja de tener competencias. El peritaje se realiza al sistema informático para asegurarse si en algún momento hubo o no algún tipo de vulneración del mismo”.

¿Qué pasará ahora?

La Fiscalía procederá con el registro y la retención de la base de datos que reposa en el servidor del CNE. Conforme al documento de la notificación de pericias, la información se ceñirá al proceso electoral del 7 de febrero pasado.

La diligencia estaba prevista para las 07:30 de ayer, pero la Policía Nacional solicitó replantar la fecha, pues el tiempo era corto para organizar todo el operativo.

El artículo 334 del COIP establece que la persona que altere los resultados de un proceso electoral o impida su escrutinio, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. En respuesta a esto, la FGE estableció un término de 10 días y en ese plazo deberá realizarse. Al mismo tiempo se deberá atender la auditoría informática de la Contraloría, planteada hasta antes de la segunda vuelta electoral.

Eso sí, Atamaint hizo un pedido: “Los ecuatorianos esperamos que los esfuerzos de la Contraloría se enfoquen en el combate a la corrupción y no se haga eco de las fuerzas políticas que quieren tomarse por asalto el CNE. (…) Pedimos que las instituciones y sus autoridades no caigan en el juego y se conviertan en actores políticos que promueven sus intereses en el actual proceso electoral”, dijo. (LGP)

 

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