María Romo podría ejercer un cargo público tras su destitución

MOMENTO. Foto del pasado martes, cuando María Paula Romo ingresaba al Palacio de Carondelet. En la noche se conoció la decisión de la Asamblea.
MOMENTO. Foto del pasado martes, cuando María Paula Romo ingresaba al Palacio de Carondelet. En la noche se conoció la decisión de la Asamblea.

La inhabilidad de dos años por censura y la Losep no se aplicaría para la exfuncionaria, según expertos.

Luego de la destitución y censura de María Paula Romo, exministra de Gobierno, hace una semana, por la Asamblea Nacional, empezaron a surgir diferentes hipótesis sobre su futuro político y las inhabilitaciones que tendría en los próximos años.

Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, publicadas en el Registro Oficial el 10 de noviembre, establecen que las autoridades censuradas “no podrán ejercer ningún cargo en el sector público por un plazo de dos años”.

Sin embargo, esto no aplica para Romo, pues el juicio empezó a inicios de este año, cuando aún regía la antigua norma. En esta se establece que la censura produce la inmediata destitución de la autoridad, más no la inhabilitación.

Análisis jurídico

Ismael Quintana, abogado constitucionalista, menciona que no se puede establecer el modo retroactivo, aplicación de nuevas normas a actos jurídicos pasados. Por lo tanto, “esta inhabilitación no surtiría efectos, respecto de la censura y destitución de María Paula Romo, quien no estaría impedida para ejercer cargos públicos”.

Tampoco cabría la Ley del Servicio Público (Losep), que establece en el artículo 15, que los trabajadores públicos legalmente destituidos no podrán reingresar al sector en dos años años, contados desde la fecha de su destitución, así mismo, no podrán reingresar a la institución de la que fueron destituidos.

“Es una norma general, ya existe una ley especial para las destituciones de juicio político, que es la regulada Ley de la Función Legislativa”, dijo Quintana.

De su lado, Libia Rivas, abogada constitucionalista, también concuerda con la idea de que Romo no está inhabilitada para ejercer cargos públicos, explica que la Losep está dirigida específicamente para funcionarios de carrera, a quienes se les aplica un sumario administrativo.

Estos son los que entran con contratos ocasionales o a través de concursos públicos para obtener un nombramiento, si incurren en conductas sancionatorias son inhabilitados y pierden la calidad de funcionario público.

Pero en el caso de un funcionario sujeto a juicio político, previstos en el artículo 131 de la Constitución, “el único procedimiento que se les aplica para esta responsabilidad es el juicio político previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa”, dijo Rivas y añade: “los ministros acceden al cargo por una decisión del Ejecutivo, Romo sí puede ejercer un cargo público”.

Desde la Asamblea

Roberto Gómez, asambleísta exCreo e interpelante del juicio político contra Romo por las protestas de octubre de 2019, dice que la exfuncionaria está inhabilitada por dos años para ejercer un cargo público.

“Si alguien del próximo Gobierno intenta darle un espacio público se caería en la misma violación legal o constitucional que a Richard Martínez (exministro de Economía), garantizándole un trabajito en el Banco Interamericano de Desarrollo”, puntualizó el legislador.

Agrega que Romo llegó por unas causales formales, pero fue censurada por su accionar en el ministerio de Gobierno, “desde la inseguridad hasta el reparto de hospitales”.

La exministra de Gobierno fue destituida con 104 votos afirmativos y 18 en contra, entre ellos el presidente de la Asamblea, César Litardo.Esto no impediría que continúe un nuevo juicio promovido por Gómez junto a Amapola Naranjo, de la Revolución Ciudadana, sobre las supuestas cuotas políticas que se pedían a cambio de votos. Actualmente, el juicio está en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que deberá calificarlo y transferirlo a una comisión.

Asimismo, Elizabeth Cabezas, asambleísta antes de AP, afirmó que la Ley del Servicio Público debe aplicarse a todos. “Los ministros también son servidores públicos”. También dijo que “el Ejecutivo tiene que acogerse a las normas que rigen sobre estos temas”. (KH)