“Catástrofe ambiental” por actividad minera en Esmeraldas

ACTIVIDAD. Representantes de comunidades de San Lorenzo realizaron un plantón en la Corte Constitucional.
ACTIVIDAD. Representantes de comunidades de San Lorenzo realizaron un plantón en la Corte Constitucional.

“Dejaron hijos huérfanos por estar allí, sacando una pepita de oro”. Este fue parte del discurso de Isabel Padilla, representante de Cáritas Esmeraldas, organización social que acompaña los procesos legales de los pobladores que habitan en el cantón San Lorenzo de esa provincia, quienes sienten vulnerados sus derechos por la actividad minera ilegal.

La mañana de ayer, miembros de comunidades de esa localidad se apostaron en los exteriores de la Corte Constitucional (CC), en Quito, para exigir que se respeten los derechos de la naturaleza y se sancionen las actividades ilícitas relacionadas con la minería.

Luego de los hechos registrados el 18 de noviembre, en el cantón Los Ajos, donde cinco personas perdieron la vida en una mina irregular, los comuneros entregaron un alegato ante la CC, para que se respete una medida cautelar que prohíbe la actividad en esa zona de la frontera norte del país.

Fred Larreátegui, abogado que representa a los pobladores, explicó que, aunque la Ley faculta a los jueces para sancionar estas actividades, no se aplican los correctivos necesarios para frenarlas, pese a que existen medidas cautelares dictadas por la CC desde el 2011. “En la Corte Constitucional no se han dictado medidas concretas y específicas”, dijo.

Daño ambiental

Nathalia Bonilla, presidenta de Acción Ecológica, aseguró que el 62% del bosque del Chocó sufre daños por tres actividades ilegales que allí se desarrollan: extracción de madera a escala industrial, la tala de palma y la minería ilegal.

Entre los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro se identificaron 52 frentes ilegales de actividad minera.La activista agregó que el 80% de los ríos están contaminados, pero que la población no tiene otra alternativa que continuar usando el agua de los afluentes. Esto, dijo, ocasiona serias enfermedades en la piel y afecciones intestinales.

Padilla instó al Estado a que tome cartas para frenar la actividad minera ilegal, no descartó que nuevos eventos -como la tragedia de El Ajo- se repitan. “Cuando el Estado no garantiza, no porque ellos quieren ser mineros”, denunció. (FLC)