El pronunciamiento emitido por la Fiscalía ayer, donde emitió un dictamen abstentivo a favor de la exasambleísta del correísmo, Sofía Espín y la abogada Yadira Cadena, generó reacciones.
En su cuenta de Twitter, la fiscal general, Diana Salazar, reconoció que en la causa por tentativa de fraude procesal, “no hubo un enfoque técnico-jurídico adecuado, por lo cual, persistir en la acusación no sería ético y contravendría los principios de objetividad y mínima intervención penal”.
Un comunicado de la Fiscalía difundido ayer, señala además que los hechos descritos en el proceso, no se enmarcan en los lineamientos del tipo penal, por el que se abrió una investigación previa en septiembre de 2018, cuando Ruth Palacios se desempeñaba como fiscal general encargada.
Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, aplaudió la decisión tomada por la Fiscalía. “La exasambleísta Espín, evidentemente, excedió los límites de sus atribuciones, pero no llega al punto de lo penal”, dijo.
Agregó que, de acuerdo con el criterio de mínima intervención, fue lo adecuado emitir el dictamen abstentivo remitido al juez nacional Iván Saquicela.
El caso
El supuesto fraude procesal en el grado de tentativa está relacionado el secuestro del político Fernando Balda.
La Fiscalía explica que la visita que hicieron Espín y Cadena a la entonces procesada, Diana Falcón, en la casa de confianza de Chillogallo, el 24 de septiembre de 2018, “no constituye por sí sola delito de fraude procesal, en tanto dichas pretensiones no fueron acogidas por Falcón, quien, al contrario, las evidenció públicamente”.
En su testimonio anticipado, la expolicía involucró al expresidente Rafael Correa con el secuestro de Balda. Según la teoría fiscal de aquel entonces, Espín y Cadena, esta última abogada del exmandatario, habrían intentado inducir para que Falcón se retracte de lo dicho, supuestamente ofreciéndole beneficios jurídicos.
Sobre el dictamen, Balda dijo que recibió la noticia “con mucha desilusión” y que estudiará con su abogado alguna alternativa para que estos hechos no queden impunes.
El activista político agregó que el anuncio de la Fiscalía ayudará a legitimar la teoría que manejan desde el bando correísta de que existen persecuciones políticas.
Desde el Parlamento
El asambleísta Jimmy Candel, quien presidió la Comisión Multipartidista que elaboró el informe para la destitución de Espín, defendió lo actuado por el Pleno del Legislativo. A su criterio, se tomaron decisiones diáfanas y transparentes.
Desde la bancada correísta, se defiende la hipótesis de que el proceso que se siguió contra Espín se trató de una persecución política. En esa tienda política se asegura que el pronunciamiento de la Fiscalía comprueba que nunca existieron elementos que sirvieron para destituir y procesar judicialmente a la legisladora. (FLC)
El pronunciamiento emitido por la Fiscalía ayer, donde emitió un dictamen abstentivo a favor de la exasambleísta del correísmo, Sofía Espín y la abogada Yadira Cadena, generó reacciones.
En su cuenta de Twitter, la fiscal general, Diana Salazar, reconoció que en la causa por tentativa de fraude procesal, “no hubo un enfoque técnico-jurídico adecuado, por lo cual, persistir en la acusación no sería ético y contravendría los principios de objetividad y mínima intervención penal”.
Un comunicado de la Fiscalía difundido ayer, señala además que los hechos descritos en el proceso, no se enmarcan en los lineamientos del tipo penal, por el que se abrió una investigación previa en septiembre de 2018, cuando Ruth Palacios se desempeñaba como fiscal general encargada.
Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, aplaudió la decisión tomada por la Fiscalía. “La exasambleísta Espín, evidentemente, excedió los límites de sus atribuciones, pero no llega al punto de lo penal”, dijo.
Agregó que, de acuerdo con el criterio de mínima intervención, fue lo adecuado emitir el dictamen abstentivo remitido al juez nacional Iván Saquicela.
El caso
El supuesto fraude procesal en el grado de tentativa está relacionado el secuestro del político Fernando Balda.
La Fiscalía explica que la visita que hicieron Espín y Cadena a la entonces procesada, Diana Falcón, en la casa de confianza de Chillogallo, el 24 de septiembre de 2018, “no constituye por sí sola delito de fraude procesal, en tanto dichas pretensiones no fueron acogidas por Falcón, quien, al contrario, las evidenció públicamente”.
En su testimonio anticipado, la expolicía involucró al expresidente Rafael Correa con el secuestro de Balda. Según la teoría fiscal de aquel entonces, Espín y Cadena, esta última abogada del exmandatario, habrían intentado inducir para que Falcón se retracte de lo dicho, supuestamente ofreciéndole beneficios jurídicos.
Sobre el dictamen, Balda dijo que recibió la noticia “con mucha desilusión” y que estudiará con su abogado alguna alternativa para que estos hechos no queden impunes.
El activista político agregó que el anuncio de la Fiscalía ayudará a legitimar la teoría que manejan desde el bando correísta de que existen persecuciones políticas.
Desde el Parlamento
El asambleísta Jimmy Candel, quien presidió la Comisión Multipartidista que elaboró el informe para la destitución de Espín, defendió lo actuado por el Pleno del Legislativo. A su criterio, se tomaron decisiones diáfanas y transparentes.
Desde la bancada correísta, se defiende la hipótesis de que el proceso que se siguió contra Espín se trató de una persecución política. En esa tienda política se asegura que el pronunciamiento de la Fiscalía comprueba que nunca existieron elementos que sirvieron para destituir y procesar judicialmente a la legisladora. (FLC)
El pronunciamiento emitido por la Fiscalía ayer, donde emitió un dictamen abstentivo a favor de la exasambleísta del correísmo, Sofía Espín y la abogada Yadira Cadena, generó reacciones.
En su cuenta de Twitter, la fiscal general, Diana Salazar, reconoció que en la causa por tentativa de fraude procesal, “no hubo un enfoque técnico-jurídico adecuado, por lo cual, persistir en la acusación no sería ético y contravendría los principios de objetividad y mínima intervención penal”.
Un comunicado de la Fiscalía difundido ayer, señala además que los hechos descritos en el proceso, no se enmarcan en los lineamientos del tipo penal, por el que se abrió una investigación previa en septiembre de 2018, cuando Ruth Palacios se desempeñaba como fiscal general encargada.
Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, aplaudió la decisión tomada por la Fiscalía. “La exasambleísta Espín, evidentemente, excedió los límites de sus atribuciones, pero no llega al punto de lo penal”, dijo.
Agregó que, de acuerdo con el criterio de mínima intervención, fue lo adecuado emitir el dictamen abstentivo remitido al juez nacional Iván Saquicela.
El caso
El supuesto fraude procesal en el grado de tentativa está relacionado el secuestro del político Fernando Balda.
La Fiscalía explica que la visita que hicieron Espín y Cadena a la entonces procesada, Diana Falcón, en la casa de confianza de Chillogallo, el 24 de septiembre de 2018, “no constituye por sí sola delito de fraude procesal, en tanto dichas pretensiones no fueron acogidas por Falcón, quien, al contrario, las evidenció públicamente”.
En su testimonio anticipado, la expolicía involucró al expresidente Rafael Correa con el secuestro de Balda. Según la teoría fiscal de aquel entonces, Espín y Cadena, esta última abogada del exmandatario, habrían intentado inducir para que Falcón se retracte de lo dicho, supuestamente ofreciéndole beneficios jurídicos.
Sobre el dictamen, Balda dijo que recibió la noticia “con mucha desilusión” y que estudiará con su abogado alguna alternativa para que estos hechos no queden impunes.
El activista político agregó que el anuncio de la Fiscalía ayudará a legitimar la teoría que manejan desde el bando correísta de que existen persecuciones políticas.
Desde el Parlamento
El asambleísta Jimmy Candel, quien presidió la Comisión Multipartidista que elaboró el informe para la destitución de Espín, defendió lo actuado por el Pleno del Legislativo. A su criterio, se tomaron decisiones diáfanas y transparentes.
Desde la bancada correísta, se defiende la hipótesis de que el proceso que se siguió contra Espín se trató de una persecución política. En esa tienda política se asegura que el pronunciamiento de la Fiscalía comprueba que nunca existieron elementos que sirvieron para destituir y procesar judicialmente a la legisladora. (FLC)
El pronunciamiento emitido por la Fiscalía ayer, donde emitió un dictamen abstentivo a favor de la exasambleísta del correísmo, Sofía Espín y la abogada Yadira Cadena, generó reacciones.
En su cuenta de Twitter, la fiscal general, Diana Salazar, reconoció que en la causa por tentativa de fraude procesal, “no hubo un enfoque técnico-jurídico adecuado, por lo cual, persistir en la acusación no sería ético y contravendría los principios de objetividad y mínima intervención penal”.
Un comunicado de la Fiscalía difundido ayer, señala además que los hechos descritos en el proceso, no se enmarcan en los lineamientos del tipo penal, por el que se abrió una investigación previa en septiembre de 2018, cuando Ruth Palacios se desempeñaba como fiscal general encargada.
Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, aplaudió la decisión tomada por la Fiscalía. “La exasambleísta Espín, evidentemente, excedió los límites de sus atribuciones, pero no llega al punto de lo penal”, dijo.
Agregó que, de acuerdo con el criterio de mínima intervención, fue lo adecuado emitir el dictamen abstentivo remitido al juez nacional Iván Saquicela.
El caso
El supuesto fraude procesal en el grado de tentativa está relacionado el secuestro del político Fernando Balda.
La Fiscalía explica que la visita que hicieron Espín y Cadena a la entonces procesada, Diana Falcón, en la casa de confianza de Chillogallo, el 24 de septiembre de 2018, “no constituye por sí sola delito de fraude procesal, en tanto dichas pretensiones no fueron acogidas por Falcón, quien, al contrario, las evidenció públicamente”.
En su testimonio anticipado, la expolicía involucró al expresidente Rafael Correa con el secuestro de Balda. Según la teoría fiscal de aquel entonces, Espín y Cadena, esta última abogada del exmandatario, habrían intentado inducir para que Falcón se retracte de lo dicho, supuestamente ofreciéndole beneficios jurídicos.
Sobre el dictamen, Balda dijo que recibió la noticia “con mucha desilusión” y que estudiará con su abogado alguna alternativa para que estos hechos no queden impunes.
El activista político agregó que el anuncio de la Fiscalía ayudará a legitimar la teoría que manejan desde el bando correísta de que existen persecuciones políticas.
Desde el Parlamento
El asambleísta Jimmy Candel, quien presidió la Comisión Multipartidista que elaboró el informe para la destitución de Espín, defendió lo actuado por el Pleno del Legislativo. A su criterio, se tomaron decisiones diáfanas y transparentes.
Desde la bancada correísta, se defiende la hipótesis de que el proceso que se siguió contra Espín se trató de una persecución política. En esa tienda política se asegura que el pronunciamiento de la Fiscalía comprueba que nunca existieron elementos que sirvieron para destituir y procesar judicialmente a la legisladora. (FLC)