Fiscal rechaza dar criterios políticos

Presencia. La fiscal Salazar acudió ayer a la Asamblea.
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La fiscal general, Diana Salazar, llegó a la Comisión que analiza los hechos del paro nacional para informar sobre la actuación de la institución que preside, según dijo, con criterios técnico-jurídicos y no políticos, “aunque les caigan mal”.

Puso sobre la mesa la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que hojeaba para después responder a las preguntas. Su asesor también le indicaba alguna información.

En su primera intervención, de 17 minutos, explicó el paraguas legal para el ejercicio del derecho a la protesta social pacífica, indicó sus límites y qué delitos se pueden cometer de sobrepasarlos: “Se está haciendo un uso extensivo del derecho a la resistencia”.

También dijo que durante el paro se registraron 595 noticias del delito, que hubo 1.419 detenidos, que no se paralizó el servicio y que se iniciaron varias investigaciones que están en curso (ver recuadro).

Polémica
La explicación de Salazar se desarrollaba sin contratiempos hasta que llegaron las preguntas insinuadoras de la legisladora correísta Paola Cabezas. Al consultarle por qué no pidió el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Yofre Poma, sentenciado a un año cuatro meses de prisión por el delito de paralización de servicios públicos, le dijo: “Una cosa es el fuero, otra la inmunidad y otra la calificación de la flagrancia. ¿Si conoce esto?”.

En su respuesta, le desafió a leer la Constitución, que establece que eso no se aplica cuando la infracción no es en el ejercicio de sus funciones: “Deberán llegar a establecer si se encuentra entre las funciones de los asambleístas irrumpir en las instituciones pública y paralizar la provisión de petróleo”.

Salazar recalcó a los legisladores que ella les entrega información, mientras a los jueces presenta las acusaciones. Además, dijo que los jueces son los que definen si es excesiva o no la prisión preventiva y que la Fiscalía tiene conocimiento de ocho muertes violentas.

La intervención de la fiscal se dio después de la comparecencia del contralor Pablo Celi, quien ratificó los daños que se registraron en la Contraloría y que el “ataque criminal de alto impacto” fue un “atentado al Estado en su conjunto”. Los asambleístas hicieron un recorrido a las instalaciones. (AGO)

Algunos casos en investigación

Tras el paro nacional

° Denuncia contra los ministros de Gobierno, María Paula Romo, y de Defensa, Oswaldo Jarrín, por tentativa de asesinato. Se han realizado 22 diligencias.

° Denuncia por instigación en contra de tres asambleístas. Se han realizado cuatro diligencias.

° Denuncia por omisión de medidas de protección, en contra de la Alcaldía de Quito. Se han realizado 13 diligencias.

° Investigación de oficio a dirigentes indígenas por llamar a la conformación de grupos subversivos. Se han realizado cinco diligencias.

La fiscal general, Diana Salazar, llegó a la Comisión que analiza los hechos del paro nacional para informar sobre la actuación de la institución que preside, según dijo, con criterios técnico-jurídicos y no políticos, “aunque les caigan mal”.

Puso sobre la mesa la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que hojeaba para después responder a las preguntas. Su asesor también le indicaba alguna información.

En su primera intervención, de 17 minutos, explicó el paraguas legal para el ejercicio del derecho a la protesta social pacífica, indicó sus límites y qué delitos se pueden cometer de sobrepasarlos: “Se está haciendo un uso extensivo del derecho a la resistencia”.

También dijo que durante el paro se registraron 595 noticias del delito, que hubo 1.419 detenidos, que no se paralizó el servicio y que se iniciaron varias investigaciones que están en curso (ver recuadro).

Polémica
La explicación de Salazar se desarrollaba sin contratiempos hasta que llegaron las preguntas insinuadoras de la legisladora correísta Paola Cabezas. Al consultarle por qué no pidió el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Yofre Poma, sentenciado a un año cuatro meses de prisión por el delito de paralización de servicios públicos, le dijo: “Una cosa es el fuero, otra la inmunidad y otra la calificación de la flagrancia. ¿Si conoce esto?”.

En su respuesta, le desafió a leer la Constitución, que establece que eso no se aplica cuando la infracción no es en el ejercicio de sus funciones: “Deberán llegar a establecer si se encuentra entre las funciones de los asambleístas irrumpir en las instituciones pública y paralizar la provisión de petróleo”.

Salazar recalcó a los legisladores que ella les entrega información, mientras a los jueces presenta las acusaciones. Además, dijo que los jueces son los que definen si es excesiva o no la prisión preventiva y que la Fiscalía tiene conocimiento de ocho muertes violentas.

La intervención de la fiscal se dio después de la comparecencia del contralor Pablo Celi, quien ratificó los daños que se registraron en la Contraloría y que el “ataque criminal de alto impacto” fue un “atentado al Estado en su conjunto”. Los asambleístas hicieron un recorrido a las instalaciones. (AGO)

Algunos casos en investigación

Tras el paro nacional

° Denuncia contra los ministros de Gobierno, María Paula Romo, y de Defensa, Oswaldo Jarrín, por tentativa de asesinato. Se han realizado 22 diligencias.

° Denuncia por instigación en contra de tres asambleístas. Se han realizado cuatro diligencias.

° Denuncia por omisión de medidas de protección, en contra de la Alcaldía de Quito. Se han realizado 13 diligencias.

° Investigación de oficio a dirigentes indígenas por llamar a la conformación de grupos subversivos. Se han realizado cinco diligencias.

La fiscal general, Diana Salazar, llegó a la Comisión que analiza los hechos del paro nacional para informar sobre la actuación de la institución que preside, según dijo, con criterios técnico-jurídicos y no políticos, “aunque les caigan mal”.

Puso sobre la mesa la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que hojeaba para después responder a las preguntas. Su asesor también le indicaba alguna información.

En su primera intervención, de 17 minutos, explicó el paraguas legal para el ejercicio del derecho a la protesta social pacífica, indicó sus límites y qué delitos se pueden cometer de sobrepasarlos: “Se está haciendo un uso extensivo del derecho a la resistencia”.

También dijo que durante el paro se registraron 595 noticias del delito, que hubo 1.419 detenidos, que no se paralizó el servicio y que se iniciaron varias investigaciones que están en curso (ver recuadro).

Polémica
La explicación de Salazar se desarrollaba sin contratiempos hasta que llegaron las preguntas insinuadoras de la legisladora correísta Paola Cabezas. Al consultarle por qué no pidió el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Yofre Poma, sentenciado a un año cuatro meses de prisión por el delito de paralización de servicios públicos, le dijo: “Una cosa es el fuero, otra la inmunidad y otra la calificación de la flagrancia. ¿Si conoce esto?”.

En su respuesta, le desafió a leer la Constitución, que establece que eso no se aplica cuando la infracción no es en el ejercicio de sus funciones: “Deberán llegar a establecer si se encuentra entre las funciones de los asambleístas irrumpir en las instituciones pública y paralizar la provisión de petróleo”.

Salazar recalcó a los legisladores que ella les entrega información, mientras a los jueces presenta las acusaciones. Además, dijo que los jueces son los que definen si es excesiva o no la prisión preventiva y que la Fiscalía tiene conocimiento de ocho muertes violentas.

La intervención de la fiscal se dio después de la comparecencia del contralor Pablo Celi, quien ratificó los daños que se registraron en la Contraloría y que el “ataque criminal de alto impacto” fue un “atentado al Estado en su conjunto”. Los asambleístas hicieron un recorrido a las instalaciones. (AGO)

Algunos casos en investigación

Tras el paro nacional

° Denuncia contra los ministros de Gobierno, María Paula Romo, y de Defensa, Oswaldo Jarrín, por tentativa de asesinato. Se han realizado 22 diligencias.

° Denuncia por instigación en contra de tres asambleístas. Se han realizado cuatro diligencias.

° Denuncia por omisión de medidas de protección, en contra de la Alcaldía de Quito. Se han realizado 13 diligencias.

° Investigación de oficio a dirigentes indígenas por llamar a la conformación de grupos subversivos. Se han realizado cinco diligencias.

La fiscal general, Diana Salazar, llegó a la Comisión que analiza los hechos del paro nacional para informar sobre la actuación de la institución que preside, según dijo, con criterios técnico-jurídicos y no políticos, “aunque les caigan mal”.

Puso sobre la mesa la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que hojeaba para después responder a las preguntas. Su asesor también le indicaba alguna información.

En su primera intervención, de 17 minutos, explicó el paraguas legal para el ejercicio del derecho a la protesta social pacífica, indicó sus límites y qué delitos se pueden cometer de sobrepasarlos: “Se está haciendo un uso extensivo del derecho a la resistencia”.

También dijo que durante el paro se registraron 595 noticias del delito, que hubo 1.419 detenidos, que no se paralizó el servicio y que se iniciaron varias investigaciones que están en curso (ver recuadro).

Polémica
La explicación de Salazar se desarrollaba sin contratiempos hasta que llegaron las preguntas insinuadoras de la legisladora correísta Paola Cabezas. Al consultarle por qué no pidió el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Yofre Poma, sentenciado a un año cuatro meses de prisión por el delito de paralización de servicios públicos, le dijo: “Una cosa es el fuero, otra la inmunidad y otra la calificación de la flagrancia. ¿Si conoce esto?”.

En su respuesta, le desafió a leer la Constitución, que establece que eso no se aplica cuando la infracción no es en el ejercicio de sus funciones: “Deberán llegar a establecer si se encuentra entre las funciones de los asambleístas irrumpir en las instituciones pública y paralizar la provisión de petróleo”.

Salazar recalcó a los legisladores que ella les entrega información, mientras a los jueces presenta las acusaciones. Además, dijo que los jueces son los que definen si es excesiva o no la prisión preventiva y que la Fiscalía tiene conocimiento de ocho muertes violentas.

La intervención de la fiscal se dio después de la comparecencia del contralor Pablo Celi, quien ratificó los daños que se registraron en la Contraloría y que el “ataque criminal de alto impacto” fue un “atentado al Estado en su conjunto”. Los asambleístas hicieron un recorrido a las instalaciones. (AGO)

Algunos casos en investigación

Tras el paro nacional

° Denuncia contra los ministros de Gobierno, María Paula Romo, y de Defensa, Oswaldo Jarrín, por tentativa de asesinato. Se han realizado 22 diligencias.

° Denuncia por instigación en contra de tres asambleístas. Se han realizado cuatro diligencias.

° Denuncia por omisión de medidas de protección, en contra de la Alcaldía de Quito. Se han realizado 13 diligencias.

° Investigación de oficio a dirigentes indígenas por llamar a la conformación de grupos subversivos. Se han realizado cinco diligencias.