Rodrigo Santillán Peralbo

La VII Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas, (Mispa) se realizó en Quito, entre el 30 y 31 de octubre con ministros o delegados de 14 países, con gobiernos de las derechas neoliberales, como los del Grupo de Lima, subordinados a los intereses geopolíticos de Washington, y con la misma doctrina que mantuvo durante los años de la Guerra Fría.

Lo diferencia es que, en estos tiempos, América Latina está convulsionada por protestas populares, que preocupan de manera extraordinaria a Estados Unidos. Por esta razón vino el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, James McCament que mantuvo reuniones con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, para “fortalecer las capacidades de la policía y migración con asistencia técnica”; es decir, para que se repriman, sin contemplaciones, las protestas.

Inaudita fue la suscripción de un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la ministra de Gobierno y el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Sergio Moro del gobierno fascista de Bolsonaro que, con manipulación y corrupción de la justicia, condenó a Lula da Silva a 12 años de prisión. 

Esa Reunión se realizó cuando estaba vigente el Estado de Excepción decretado por el Gobierno, para terminar con las manifestaciones de octubre. Hubo excesos perpetrados por violentos infiltrados que, sin duda, deben ser investigados y sancionados, pero que se busquen y concreten alianzas para configurar una “estrategia regional”, “para combatir delitos de grupos criminales y terroristas”, enmascara la represión violenta que se quiere imponer en nuestra América Latina. 

Trump cree que hay “una amenaza a la democracia” desde Venezuela y Cuba, pero no piensa que esas amenazas nacen de la dominación imperial y del recetario de FMI que provocan pobreza-miseria.  

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