¿Qué viene después?

PATRICIO CÓRDOVA CEPEDA

Estamos a la alerta y pendientes de lo que viene después de la movilización iniciada el 3 de octubre del 2019 y del paro nacional.

Más allá de las lecciones que ojalá sean asimiladas tanto por el gobierno cuanto por los manifestantes, para que prevalezca el diálogo previo a adoptar medidas radicales que afectan a la gran mayoría de ecuatorianos y que en nada contribuyen a la paz social, las interrogantes sobre varios aspectos brotan naturalmente: Llegarán a consenso para el nuevo decreto sobre combustibles, subsidios, incentivos y más; habrá la suficiente capacidad, sensibilidad y tolerancia para ceder posiciones y que otra vez la mayoría no nos perjudiquemos; existirá la necesaria prudencia y pronunciamientos honestos que eviten posiciones racistas y de menosprecio cuando de por medio hay enormes intereses económicos para los grupos de poder que pululan en todo país; el gobierno, autodenominado de todos, que fue parte antes de la revolución ciudadana, priorizará los derechos de la gente pobre, de los sectores menos favorecidos de la sociedad, con claridad y precisión; estamos o no en capacidad como país para impedir imposiciones del Fondo Monetario Internacional y de las políticas neoliberales?. Son cuestionamientos, aunque faltan muchos, que nos hacemos ante la dramática situación vivida hace poco y que creo yo nadie está en posibilidades de aguantar que nuevamente se produzcan o de soportar sus efectos.

La última gran interrogante es de tipo jurídico social, porque dudamos que haya facultad humana viable para que se haga una diferencia entre los actos de legítima protesta social y los actos de vandalismo, terror y zozobra, que rayan en lo delincuencial, para que no se criminalice a dirigentes y participantes de las organizaciones, pero también para que no campee la impunidad, que al menos para el robo descarado y el festín de fondos públicos ha estado presente en Ecuador.

PATRICIO CÓRDOVA CEPEDA

Estamos a la alerta y pendientes de lo que viene después de la movilización iniciada el 3 de octubre del 2019 y del paro nacional.

Más allá de las lecciones que ojalá sean asimiladas tanto por el gobierno cuanto por los manifestantes, para que prevalezca el diálogo previo a adoptar medidas radicales que afectan a la gran mayoría de ecuatorianos y que en nada contribuyen a la paz social, las interrogantes sobre varios aspectos brotan naturalmente: Llegarán a consenso para el nuevo decreto sobre combustibles, subsidios, incentivos y más; habrá la suficiente capacidad, sensibilidad y tolerancia para ceder posiciones y que otra vez la mayoría no nos perjudiquemos; existirá la necesaria prudencia y pronunciamientos honestos que eviten posiciones racistas y de menosprecio cuando de por medio hay enormes intereses económicos para los grupos de poder que pululan en todo país; el gobierno, autodenominado de todos, que fue parte antes de la revolución ciudadana, priorizará los derechos de la gente pobre, de los sectores menos favorecidos de la sociedad, con claridad y precisión; estamos o no en capacidad como país para impedir imposiciones del Fondo Monetario Internacional y de las políticas neoliberales?. Son cuestionamientos, aunque faltan muchos, que nos hacemos ante la dramática situación vivida hace poco y que creo yo nadie está en posibilidades de aguantar que nuevamente se produzcan o de soportar sus efectos.

La última gran interrogante es de tipo jurídico social, porque dudamos que haya facultad humana viable para que se haga una diferencia entre los actos de legítima protesta social y los actos de vandalismo, terror y zozobra, que rayan en lo delincuencial, para que no se criminalice a dirigentes y participantes de las organizaciones, pero también para que no campee la impunidad, que al menos para el robo descarado y el festín de fondos públicos ha estado presente en Ecuador.

PATRICIO CÓRDOVA CEPEDA

Estamos a la alerta y pendientes de lo que viene después de la movilización iniciada el 3 de octubre del 2019 y del paro nacional.

Más allá de las lecciones que ojalá sean asimiladas tanto por el gobierno cuanto por los manifestantes, para que prevalezca el diálogo previo a adoptar medidas radicales que afectan a la gran mayoría de ecuatorianos y que en nada contribuyen a la paz social, las interrogantes sobre varios aspectos brotan naturalmente: Llegarán a consenso para el nuevo decreto sobre combustibles, subsidios, incentivos y más; habrá la suficiente capacidad, sensibilidad y tolerancia para ceder posiciones y que otra vez la mayoría no nos perjudiquemos; existirá la necesaria prudencia y pronunciamientos honestos que eviten posiciones racistas y de menosprecio cuando de por medio hay enormes intereses económicos para los grupos de poder que pululan en todo país; el gobierno, autodenominado de todos, que fue parte antes de la revolución ciudadana, priorizará los derechos de la gente pobre, de los sectores menos favorecidos de la sociedad, con claridad y precisión; estamos o no en capacidad como país para impedir imposiciones del Fondo Monetario Internacional y de las políticas neoliberales?. Son cuestionamientos, aunque faltan muchos, que nos hacemos ante la dramática situación vivida hace poco y que creo yo nadie está en posibilidades de aguantar que nuevamente se produzcan o de soportar sus efectos.

La última gran interrogante es de tipo jurídico social, porque dudamos que haya facultad humana viable para que se haga una diferencia entre los actos de legítima protesta social y los actos de vandalismo, terror y zozobra, que rayan en lo delincuencial, para que no se criminalice a dirigentes y participantes de las organizaciones, pero también para que no campee la impunidad, que al menos para el robo descarado y el festín de fondos públicos ha estado presente en Ecuador.

PATRICIO CÓRDOVA CEPEDA

Estamos a la alerta y pendientes de lo que viene después de la movilización iniciada el 3 de octubre del 2019 y del paro nacional.

Más allá de las lecciones que ojalá sean asimiladas tanto por el gobierno cuanto por los manifestantes, para que prevalezca el diálogo previo a adoptar medidas radicales que afectan a la gran mayoría de ecuatorianos y que en nada contribuyen a la paz social, las interrogantes sobre varios aspectos brotan naturalmente: Llegarán a consenso para el nuevo decreto sobre combustibles, subsidios, incentivos y más; habrá la suficiente capacidad, sensibilidad y tolerancia para ceder posiciones y que otra vez la mayoría no nos perjudiquemos; existirá la necesaria prudencia y pronunciamientos honestos que eviten posiciones racistas y de menosprecio cuando de por medio hay enormes intereses económicos para los grupos de poder que pululan en todo país; el gobierno, autodenominado de todos, que fue parte antes de la revolución ciudadana, priorizará los derechos de la gente pobre, de los sectores menos favorecidos de la sociedad, con claridad y precisión; estamos o no en capacidad como país para impedir imposiciones del Fondo Monetario Internacional y de las políticas neoliberales?. Son cuestionamientos, aunque faltan muchos, que nos hacemos ante la dramática situación vivida hace poco y que creo yo nadie está en posibilidades de aguantar que nuevamente se produzcan o de soportar sus efectos.

La última gran interrogante es de tipo jurídico social, porque dudamos que haya facultad humana viable para que se haga una diferencia entre los actos de legítima protesta social y los actos de vandalismo, terror y zozobra, que rayan en lo delincuencial, para que no se criminalice a dirigentes y participantes de las organizaciones, pero también para que no campee la impunidad, que al menos para el robo descarado y el festín de fondos públicos ha estado presente en Ecuador.