Visiblemente preocupados y molestos, los moradores de la ciudadela Nueva Vida y de la urbanización Campo Verde, expresaron ayer su malestar por la ordenanza de uso de suelo que ya fue aprobada en primer debate por el Concejo Municipal, en la que se les encuadra como zonas de riesgo no mitigable y con esto se restringe su progreso.
Luis Moreano, abogado de los habitantes de estas zonas, manifestó ayer que emprenderán acciones para formar parte de los cambios que deben realizarse a esta Ordenanza que regula el uso y la gestión del suelo, ya que no existen garantías para los habitantes del lugar, como son obras de mitigación o en caso de que tengan que evacuar, indemnizaciones.
Destacó que en este documento no se determina cómo las autoridades van a garantizar el derecho a la vivienda que está establecido en la Constitución.
“Al ser considerados como una zona de riesgo no mitigable se restringen las actividades culturales, educativas y estructurales por lo que se convierte en una zona muerta y eso devalúa el precio de las viviendas”, dijo.
Y fue enfático en señalar que lo que buscan es que el Municipio garantice el ejercicio del derecho a la vivienda a través de obras de mitigación como son la construcción de puentes, drenajes de ríos, muros de contención, como garantías ante un evento adverso.
Dijo que luego de una marcha que realizaron, las autoridades les manifestaron que socializarán el proyecto con los barrios que están considerados dentro de esta zona y por eso no se cierran al diálogo con las autoridades, pero exigen que se les garantice el derecho que tienen a la vivienda.
Según Moreano, tampoco se establece el número de familias afectadas, las características de las viviendas y las reparaciones para quienes se vean perjudicados.
Lamentó que esta administración tenga que asumir un problema que refleja la falta de eficiencia de las administraciones anteriores que otorgaron los permisos para las construcciones en estas zonas.
Luis Chasi, morador de la ciudadela Nueva Vida, dijo que la principal preocupación es que la ordenanza no contempla medidas de protección a la vida de las personas de las zonas calificadas como de riesgo no mitigable y lo que se hace es aislarlas y alejarles del progreso de la ciudad, porque se prohíbe la instalación de más negocios, actividades culturales, y administrativas.
Patricio Kárate, coordinador de la urbanización Campo Verde, dijo que sus derechos han sido vulnerados y que no se debieron permitir que se hagan construcciones en estas zonas.
“Nos sentimos estafados porque si la ley ya existía en 2012, cuando iniciamos el proyecto, el Municipio no debió dar paso y por eso tendrá que responder la administración anterior”, dijo.
Explicó que hay compañeros que no pueden terminar sus construcciones porque no se los permiten, se endeudaron para pagar sus casas, por lo que están abiertos al diálogo y a buscar las mejores soluciones, caso contrario no descartan acudir a otras instancias para exigir que se respeten sus derechos. (VHG)