Congreso de El Salvador destituyó a funcionarios enfrentados a Bukele

    Legisladores. El Congreso de El Salvador tomó posesión el 1 de mayo de 2021 y nombró a Ernesto Castro, exsecretario privado del mandatario Nayib Bukele, como presidente.
    Legisladores. El Congreso de El Salvador tomó posesión el 1 de mayo de 2021 y nombró a Ernesto Castro, exsecretario privado del mandatario Nayib Bukele, como presidente.

    Organismos internacionales acusaron al presidente Nayib Bukele de intentar “concentrar el poder”.

    El oficialismo salvadoreño tomó el sábado 1 de mayo de 2021 las riendas de la Asamblea Legislativa y su primera acción fue votar para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional del Supremo y al fiscal general, Raúl Melara.

    En el último año, el presidente Nayib Bukele tuvo enfrentamientos en más de una ocasión con estos funcionarios por decisiones judiciales e investigaciones del Ministerio Público. Además, acusó en más de una ocasión a los jueces constitucionales de retirarle facultades para atender la pandemia de la Covid-19.

    Pide no interferir

    Ante las reacciones de representantes de gobiernos de otros países, Bukele señaló en Twitter que “estamos limpiando la casa”.

    “A nuestros amigos de la comunidad internacional: Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa” y “eso no es de su incumbencia”, publicó el mandatario.

    Fueron 64 legisladores, de los 84 que componen el Congreso, los que votaron por la destitución de los magistrados y del Fiscal, que fueron electos por anteriores legislaturas.

    Rechazo

    Minutos después de la votación para destituir a los magistrados, la Sala de lo Constitucional emitió un fallo en el que declaró inconstitucional la decisión por atentar contra el sistema de gobierno.

    “Esto se debe a que, con una marcada intención de suprimir los controles efectivos hacia el Órgano Ejecutivo y Legislativo, incide negativamente en el control del ejercicio del poder que efectúa esta sala”, reza el fallo.

    Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) y doctor en derecho constitucional, indicó a Efe que con el fallo “la decisión de destitución no surte efectos”, al ser emitido antes de que concluyera la sesión plenaria.

    Analistas y defensores de derechos humanos advirtieron que, con la destitución de los magistrados constitucionales, el país se queda sin contrapesos para controlar las acciones del Gobierno y de la Asamblea Legislativa.

    “La CSJ (Corte Suprema) es la instancia a la cual recurrir ante hechos de abusos de poder y violación a derechos constitucionales. Desmantelarla por decreto es dejar sin protección a la ciudadanía y romper de un golpe el necesario control interinstitucional entre los tres poderes del Estado”, dijo Celia Medrano, candidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    Para Medrano, esta situación es “la ambición de control total concretada”, lo que significa que “buscan no tener ningún control ni poder que pudiese frenar acciones arbitrarias e ilegales”.

    Los partidos opositores, que con 20 diputados no consiguen frenar estas decisiones, también denunciaron un “golpe de estado”.

    Se nombró a Rodolfo Delgado como nuevo fiscal general para un período menor a un año, tras destituir a Raúl Melara por supuestos nexos con un partido opositor.

    Desde EE.UU.

    Estados Unidos supeditó la posibilidad de una “relación fuerte” con El Salvador a que el Gobierno de ese país apoye la separación de poderes y sostenga las normas democráticas, de acuerdo con la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung.

    Antes que se produjeran las votaciones de destitución, Chung aseguró en Twitter que desde Washington se veía “con preocupación la propuesta de algunos miembros de la Asamblea Legislativa de destituir a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador”.

    “Un órgano judicial independiente es el cimiento de toda democracia; ninguna democracia puede sobrevivir sin eso”, complementó la funcionaria.

    Condena de HRW

    El director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, acusó al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de intentar “concentrar el poder”, después de que la Asamblea Legislativa admitiera una iniciativa para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

    “En su primer día con mayoría, los partidarios de Bukele en la Asamblea Nacional (Legislativa) de El Salvador solicitan la destitución de todos los magistrados de la Sala Constitucional”, publicó Vivanco en Twitter y añadió que “Bukele ataca el estado de derecho y busca concentrar todo el poder en sus manos”.

    Pronunciamiento de la ONU y la OEA

    El relator de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Diego García-Sayán, condenó la iniciativa de la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

    Añadió que “todo proceso de destitución debe atender a causas específicas y previamente establecidas en la ley. Esta Relatoría de la @ONU permanecerá vigilante y actuará contra toda acción orientada a afectar la labor de los jueces constitucionales en El Salvador”.

    “En la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”, señaló, por su parte, la Secretaría General de la OEA en un comunicado.