Salimos de una semana complicada en el ámbito judicial si consideramos que tenemos nuevos jueces constitucionales y la salida de la presidenta del Consejo de la Judicatura, sin embargo, lo más controversial sin duda ha sido el regreso de Juan Carlos Izquierdo como fiscal del cantón El Carmen por orden de la expresidenta del Consejo María del Carmen Maldonado horas antes de renunciar; Cabe resaltar que la suspensión de Izquierdo fue debido a los videos expuestos en redes sociales donde todos observamos como golpeaba a Naomi Arcentales. Esta medida solo nos deja una lamentable pregunta ¿El caso Arcentales se unirá a los femicidios sin resolver desde el 2014?
En 2021 hubo un total de 196 femicidios según el Consejo de la Judicatura, al mismo tiempo Fiscalía registró 453 desde 2014, pero por otro lado FemicidiosEc mantiene que hay 46% más femicidios que los datos oficiales. ¿A cuál le podemos creer? Pero lo más alarmante no es esta brecha, es el hecho que, a pesar de que en el 2014 se tipificó el femicidio en Ecuador, más de la mitad de los casos están sin resolver, entre ellos el femicidio de Lisbeth Baquerizo, quien fue asesinada en Navidad a manos de su esposo Luis Hermida (prófugo de la justicia) y tal vez, el de Naomi Ancestrales. “La corrupción atrofia todo el proceso” dijo la madre de Lisbeth Baquerizo.
Si tenemos en mente que desde el 2018 los femicidios se han triplicado, la brecha entre las cifras oficiales y sumamos el hecho que más de la mitad de los casos están sin resolver desde que el femicidio se tipificó en el COIP ¿Qué pueden esperar las niñas, adolescentes y mujeres de nuestro país cuando no hay justicia? Ahora tenemos a un fiscal como principal sospechoso del femicidio de Naomi Arcentales en una de las provincias con más casos de femicidio (Según datos de FemicidiosEc las provincias con más casos son Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos y Azuay) y al nuevo presidente de la judicatura dando a entender que no existe una “falta gravísima” para destituir al funcionario (Todos vimos el video ¿No?).
Tristemente parece que ni con denuncias, testigos y pruebas hay justicia. Y esto no solo se ve en los casos de femicidio, también lo vimos en el caso Brenda (Portoviejo, 2018) quien fue violada por tres funcionarios públicos (Darwin Cedeño Saltos, Rolando Zambrano Torres y Ronald Ramírez Demera), uno de ellos profesor de universidad y fueron declarados inocentes por el tribunal de Garantías Penales de Manabí aun con las pruebas del examen toxicológico y testimonios del cuerpo policial al momento de encontrarla.